Sin importar la filiación política (priístas, panistas o perredistas), en los últimos años hemos visto cómo la corrupción se ha convertido en un cáncer imposible de extirpar y que penetra e invade todos los sectores de la sociedad. Desgraciadamente, ese fenómeno social, que primordialmente afecta a la burocracia, ha alcanzado también a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El mes pasado circuló en diversos medios la noticia de que México había resultado nuevamente electo para el cuarto periodo del Consejo Consultivo Científico y Técnico de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, avalada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés). Durante la reunión celebrada en París, Francia, los días 28 y 29 de mayo, fue elegida por “unanimidad” la arqueóloga mexicana María Helena Barba Meinecke, quien junto a la doctora Dolores Elkin, de Argentina, representarán al Grupo III de los Estados partes latinoamericanos que integran la Convención: Argentina, Barbados, Cuba, Ecuador, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Santa Lucía, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y Las Granadinas, Trinidad y Tobago.
Más de 3 mil 600 alumnos y una treintena de académicos de la UNAM han sido sancionados por el Tribunal Universitario desde 1999, cuando detonó la última huelga general estudiantil. Las sentencias más recientes se ejercieron este año contra alumnos del bachillerato, críticos de la reforma al sistema CCH. El 97 por ciento de los casos que revisa el organismo terminan en sanción: todo aquel estudiante, profesor o investigador acusado ante el Tribunal sabe que sus posibilidades de resultar absuelto se reducen casi a cero.
Integrantes de la comunidad universitaria aseguran que el proceso de actualización curricular por el que atraviesa el sistema del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM atenta contra el modelo original: busca empatar la formación de los estudiantes con los requerimientos del mercado laboral y no con los de la sociedad.
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