Quienes afirman que la elección del 1 de julio se puede anular han descubierto el agua tibia. Desde su creación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) de la Federación cuenta con facultades legales y constitucionales para anular las elecciones.
Pasan los días. Hay propuestas y promesas de Enrique Peña Nieto, descalificaciones priístas, relevos en varios medios, ataques de algunos empresarios a los inconformes y hasta ciertos informativos internacionales y personajes considerados “muy rectos” defienden la elección de este año como ejemplar. Y sin embargo, la protesta aumenta en muchos lugares, incluso en los más insólitos.
Tres días antes de las elecciones federales, los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibieron, cada uno, un bono de casi 500 mil pesos. El titular del órgano judicial, Alejandro Luna Ramos, asegura que éste lo reciben cada año y que, además de ser legal, no tiene nada que ver con el periodo electoral. Los beneficios económicos para quienes en breve validarán las elecciones presidenciales no acaban ahí: sus sueldos alcanzan los 250 mil pesos mensuales, cuentan con seguros de vida y de gastos médicos mayores y bonos de productividad, entre otros. De enero a mayo, el Tribunal gastó más de 80 millones de pesos en el Programa Específico del Proceso Electoral Federal
El miedo se apodera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en donde sus siete medrosos magistrados ordenaron blindar sus instalaciones ante cualquier contingencia postelectoral.
Para Alejandro Capdevielle Flores Hans Kelsen (1881-1973) fue un demócrata, republicano, creador e integrante del primer Tribunal Constitucional moderno, y parteaguas del derecho positivo;
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