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Antes de pretender reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir una mayor participación privada –principalmente de empresas extranjeras– en la exploración y producción de petróleo y gas, hubiera sido necesario escuchar de los funcionarios del gobierno federal la propuesta de un plan estratégico, con los órganos de seguridad nacional incluidos, para combatir la corrupción, la impunidad y el abuso de poder que corroe las estructuras de gobierno y vulnera las finanzas públicas.