La reforma del gobierno federal en materia energética no sólo busca privatizar los recursos petroleros: el esquema de explotación del que se beneficiarían las empresas privadas extranjeras es tan rapaz que en poco tiempo las reservas de hidrocarburos quedarían agotadas
Al margen de la discusión de la reforma energética, los pueblos indígenas. Legisladores, políticos, académicos… discuten qué hacer con los recursos energéticos del país, muchos de los cuales se encuentran en territorios de los pueblos originarios, a quienes no se les toma en cuenta.
La crisis del sistema de representación es patética. El 80 por ciento de la población mexicana está en contra de entregar la industria petrolera a las grandes corporaciones extranjeras y nacionales y, sin embargo, el Congreso de la Unión se dispone a aprobar la reforma energética. El 80 por ciento de la población quiere que playas y fronteras pertenezcan a la nación, pero los diputados ya aprobaron su libre venta a extranjeros.
Las protestas masivas contra la privatización del petróleo tienen sustento: Pemex no es poco rentable, sino que lo han quebrado en forma deliberada.
Las autoridades afirman que la reprivatización del petróleo y la energía eléctrica es para “modernizar” las paraestatales, pero de esa cantaleta mediática no hay una sola evidencia. Ninguna privatización o reprivatización ha sido en beneficio de la sociedad. Ni siquiera un caso pueden exponer los porristas oficiales. Lo cierto es que los grandes empresarios vienen por los recursos energéticos de México y el gobierno se impacienta por entregárselos. Le apuestan a que la sociedad, atomizada o dormida, lo permitirá.
La resolución del Departamento de Transporte de Estados Unidos que determinó no aprobar la alianza antimonopolio entre Delta Airlines y Aeroméxico podría obedecer a “otros
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