Es natural que en un escenario mundial sobresaltado, caracterizado por sus tonalidades lúgubres y cuyo futuro es igualmente sombrío, la émula de Tomás de Torquemada, la señora Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), se encuentre en un estado patológico de angustia, ansiosa por recibir cualquier noticia que la “impresione” y tranquilice sus crispados nervios.
Desde que el papa Alejandro VI, mejor conocido como Rodrigo de Borja (o Borgia), le “donó” a los españoles nuestras tierras, en 1493, hemos sido sujetos del saqueo de nuestras riquezas. Nuestra tierra ha sido invadida y sus riquezas fueron a parar a manos de potentados extranjeros. Incluso en 1787, cuando se expidieron las Reales Ordenanzas para la Minería, en lo que ellos llamaron la Nueva España, determinaron que los “jugos de la tierra” pertenecían a la corona de España, es decir, al invasor extranjero. Durante el porfirismo esta situación continuó, ya que en 1906 la Cámara de Diputados aprobó una ley en la que se eximía a las compañías petroleras de cualquier pago de impuestos –a excepción del impuesto de timbre– si explotaban terrenos privados.
Como en el caso de la legalización que obtuvieron las arbitrarias subcontrataciones (outsourcing) al aprobarse la reforma laboral, de igual manera se busca que mediante la luz verde a la reforma energética en el Congreso de la Unión las empresas extranjeras reglamenten sus operaciones que ya realizan desde hace años al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex), a pesar de estar prohibidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Entre la demagogia que rezume a borbotones el proyecto (contra) reformador de Enrique Peña Nieto se escapan las verdades lacerantes que sus promotores y sus publicistas no logran dulcificar con los placebos de su retórica fatua, con el objeto de que la población las trague plácidamente. En su “conjura contra la nación”, siempre tratan de “engañarla con los mismos eufemismos y argumentos insostenibles”, como diría Manuel Bartlett.
El presidente de la Comisión de Energía del Congreso de la Unión comenta que para que se dé la apertura de Pemex a la inversión privada se necesita una reforma constitucional. Diputados opositores contradicen la propuesta y señalan que defenderán el petroleó mexicano de manos extranjeras. “Los inversionistas no arriesgaran su capital sin una ley que los proteja”, explica especialista
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