El abusivo y descontrolado uso de recursos financieros en la última campaña presidencial, que provocó acusaciones de todo tipo entre excandidatos y partidos políticos, motivó que la Cámara de Diputados acordara hace un par de semanas integrar una comisión especial investigadora del manejo de recursos públicos en las campañas del proceso electoral 2012.
Con motivo de la petición sustentada en un catálogo jurídico-político-democrático y republicano de cuestionamientos al reciente proceso electoral, centrado en la elección presidencial, se han manifestado quienes suponen que ese proceso es ya un expediente cerrado, cuando falta aún su dictamen-resolución de validez. La segunda fuerza electoral (Partido de la Revolución Democrática-Partido del Trabajo-Movimiento Ciudadano) y en menor medida, la tercera de ellas (el Partido Acción Nacional), con fundamentados argumentos y pruebas de que la asistencia a las urnas estuvo viciada de ilegalidad (antes, durante y después del día de las votaciones), han solicitado invalidar y, por tanto, anular ese resultado para convocar a nuevas elecciones presidenciales.
Quienes afirman que la elección del 1 de julio se puede anular han descubierto el agua tibia. Desde su creación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) de la Federación cuenta con facultades legales y constitucionales para anular las elecciones.
¡Qué pobre memoria es aquélla que sólo funciona hacia atrás! Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas El proceso electoral ha
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