Occidente –sus gobiernos y su prensa– se ha dado cuenta de que los hasta hace un par de semanas “rebeldes” y “héroes de la libertad” son fanáticos terroristas que no saben hacer otra cosa que matarse entre sí. Washington ha abandonado la idea de derrocar a Bashar al-Assad, presidente de Siria, y se dirige hacia la realización de la conferencia de Ginebra 2. Próxima etapa: la pérdida de influencia de Francia en la región
Desde que en el sexenio de José López Portillo el entonces líder parlamentario Luis M Farías hiciera célebre la frase de que los priístas le estaban buscando la cuadratura al círculo, con referencia a legislar sobre el derecho a la información, las subsecuentes administraciones federales, sin dejar de mencionar a las panistas, ponderaron el fortalecimiento del actual monopolio que controla a los medios de comunicación, reduciendo a meros formulismos de su retórica en turno un asunto tan delicado y trascedente para el avance democrático como es el verdadero derecho a la información, que aún sigue esperando la sociedad mexicana.
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas –cuyo brillante estudio se debe a Hans Kelsen en su libro El derecho de las Naciones Unidas–, a la letra dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión…” (Javier Hervada y José María Zumaquero, Textos internacionales de derechos humanos). Con base en ese artículo de vigencia universal constituido hace varios años, el director de la organización Artículo 19, en su jurisdicción para los Estados Unidos Mexicanos y Centroamérica, Darío Ramírez, mantiene un monitoreo sobre el desempeño de esas libertades, no solamente a través de sus informes anuales, sino también de constantes pronunciamientos para velar por el trabajo de periodistas.
Los informantes que han puesto al descubierto el espionaje, las intrigas, los sabotajes y otras actividades ilegales de los organismos de seguridad nacional estadunidenses no son simples “denunciantes”, como si se tratara de ciudadanos que buscan corregir las pocas fallas de un sistema democrático.
Disentir de los juicios de quienes, de cara a la opinión pública, vierten sus opiniones para analizar y criticar cuanto aparece en la escena pública, es parte de las libertades de todos los mexicanos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha puesto en vigencia como derecho positivo.
La resolución del Departamento de Transporte de Estados Unidos que determinó no aprobar la alianza antimonopolio entre Delta Airlines y Aeroméxico podría obedecer a “otros
Hasta la fecha, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lleva un avance del 90 por ciento en la revisión de concesiones de agua vigentes, debido
Luego de que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen que reforma el artículo 73 constitucional para facultar
Por primera vez, la presidenta Claudia Sheinbaum nombró como genocidio al apartheid que encabeza el gobierno de Israel contra Palestina, principalmente en la Franja de
