Por reforma educativa, encarcelan a más de 100 maestros de la CNTELejos de frenar los conflictos relacionados con el sector educativo, la administración de Aurelio Nuño Mayer en la Secretaría de Educación Pública (SEP) los ha exacerbado.
Hace ya 9 años 4 meses que el gobierno federal inició una espiral de violencia y terror. El costo para la sociedad de la supuesta “guerra” contra el narcotráfico ha sido muy elevado: ejecuciones, desapariciones, feminicidios, torturas, violaciones, agresiones sexuales, secuestros, extorsiones que se cuentan por decenas de miles. A ello se suma la impunidad y el miedo.
¿Qué hacía una patrulla en el mismo lugar e instante en que el activista estudiantil Carlos Sinuhé Cuevas Mejía recibía 16 impactos de bala al bajarse del camión de transporte público una noche en Topilejo? ¿Por qué no se pudo establecer ni la matrícula del vehículo ni la identidad de los ocupantes? ¿A qué se presentó en el lugar de los hechos un militar de la Primera Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y qué partes informativos entregó a sus superiores? ¿A qué llegó un policía de inteligencia del alto mando policial de la Ciudad de México? ¿Cuándo ocurrió la “inundación” por la que los informes de este policía “se perdieron” en oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicadas en Liverpool, 136, segundo piso?
En su nota informativa, la reportera Fabiola Martínez escribió: “En México, los principales agresores de periodistas y defensores de derechos humanos son los propios servidores públicos (incluidos aquí policías, integrantes de los tres niveles de gobierno y de las Fuerzas Armadas, entre otros)”. Ampliando más esa información (La Jornada, 13 de marzo de 2016), se precisa cómo esos funcionarios han atacado sobre todo a reporteros, como fue el caso de Karla Janeth Silva Guerrero, quien en 2013 fue brutalmente golpeada dentro de las instalaciones del periódico El Heraldo de Silao, Guanajuato, por órdenes del entonces alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola. Éste ordenó a su jefe policiaco que contratara a delincuentes y fueran a cometer las agresiones que pusieron en gravedad extrema la vida de la reportera. Dos años después es que se ha procedido contra el funcionario, acusado de amenazas cumplidas como lesiones y robo calificado, más allanamiento de domicilio.
La mayor parte de los 30 mil estadunidenses muertos por herida de bala son jóvenes menores de 19 años. En esta cifra no figuran los muertos por herida de bala disparada por policías o por agentes del servicio de fronteras entre Estados Unidos y México y otro tipo de muertes violentas. Es como si muriesen acribillados todos los participantes del maratón de Nueva York, o los ocupantes de 100 aviones jumbos, o la población de una pequeña ciudad, o los asistentes a un partido de fútbol en el estadio de un gran equipo.
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