En 2015 se perpetraron, al menos, 76 casos de violaciones de derechos humanos y agresiones contra defensores de derechos humanos en 20 estados de la República. La mayoría ocurrió en Chiapas, Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero y Veracruz. La mayor parte de los casos se cometieron contra defensores de la tierra y el territorio. El 58 por ciento de los perpetradores fueron actores estatales.
Tecnología y redes sociales, amenazas intangibles para los datos personales.
Hoy día el campo mexicano enfrenta una severa crisis. Por lo menos desde hace varias décadas, y en el marco de los cambios políticos y económicos relacionados a la inserción de México en la globalización neoliberal –particularmente con la incorporación en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)–, en el campo ha aumentado de manera constante la pobreza y hay una notoria reducción de la población en las localidades rurales [1]. Asimismo, se observa un severo decaimiento de la producción de alimentos y de forma paralela una disminución sostenida de la cantidad de empleos [2]. En este contexto, en el transcurso de los últimos lustros se ha consolidado una “erosión generalizada del campo” [3], siendo el ámbito del país donde más se concentran la pobreza, la marginación y la exclusión social a nivel nacional.
Una vez documentado el espionaje estadunidense sobre territorio mexicano y su población, incluido el presidente Enrique Peña Nieto –lo cual era del dominio público pero ahora ha sido comprobado con documentos extraídos de órganos de inteligencia de aquel país–, qué argumentos puede utilizar el gobierno federal para reclamar enérgicamente a su homólogo de Estados Unidos, cuando han sido las mismas administraciones priístas y panistas que durante décadas consintieron el intervencionismo extranjero en las decisiones políticas, económicas y de seguridad del país.
Se mantienen las altas tasas de crecimiento demográfico en Yemen; pero el país sigue sumido en la pobreza y no es capaz de generar los alimentos ni los insumos para sostener a sus 22 millones de habitantes.
La resolución del Departamento de Transporte de Estados Unidos que determinó no aprobar la alianza antimonopolio entre Delta Airlines y Aeroméxico podría obedecer a “otros
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