En total hermetismo, y como consecuencia de la reforma energética, la Secretaría de la Función Pública dejó de fiscalizar a Pemex Exploración y Producción. Además, extinguió el Órgano Interno de Control en III Servicios, filial de la petrolera. Con ello, son tres las contralorías clausuradas en Petróleos Mexicanos
La ruinosa situación a la que han llegado Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca ser justificada como consecuencia directa de factores como la devaluación del peso frente al dólar y la acumulación de sus pasivos laborales, evitando por todos los medios tocar asuntos medulares como la corrupción, opacidad y la inducida “quiebra técnica” puesta en marcha desde hace más de 1 década para dar cumplimiento a lo establecido en acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que buscaba la privatización de las empresas estratégicas del sector energético.
Las asignaciones a ATG sólo entre 2006 y 2009 superaron los 52 mil millones de pesos. No hubo control de calidad ni combate a la corrupción. Fue el proyecto de mayor monto de inversión en la historia de la administración pública federal. Hoy estamos ante el colapso económico petrolero más grande del mundo. Jamás se habían derrochado tanto en beneficio de funcionarios y empresas extranjeras
Poco se sabe de los juicios que Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta en tribunales internacionales, pues la petrolera ha tenido éxito en guardar esos datos. El tema no sólo implica el conflicto, sino también los gastos que conllevan los procesos y las indemnizaciones económicas cuando éstos se pierden.
Lo que parecía imposible ocurrió. Gobiernos priístas y panistas, en colusión con funcionarios y empresarios corruptos, saquearon y quebraron la industria petrolera nacional durante 40 años. Siete presidentes de la República son responsables de ello, por permitirlo.
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