La cínica frase de Calderón para justificar su ascenso a la Presidencia de la República, a partir de su dudoso triunfo electoral, “haiga sido como haiga sido”, prevalece también para la sospechosa victoria de Peña.
Por lo menos, extraño resulta el anuncio que hizo la semana pasada el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel: en conferencia de prensa, informó que esa empresa del Estado prepara la compra de 132 buquetanques a un precio superior a los 9 mil millones de pesos (poco más de 700 millones de dólares), para satisfacer los requerimientos de tres filiales: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación y Pemex Petroquímica.
Luego de su pomposo y más bien propagandístico equipo de transición, el cual será muy circunstancial, a decir de Enrique Peña Nieto, el llamado presidente electo ha lanzado una iniciativa para fortalecer al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) y crear un organismo anticorrupción. Se reunió con el famoso grupo de 300 líderes, y escuchó a cinco de ellos que le plantearon lo que hace años son peticiones guardadas en cajones.
Potencialmente, México se encuentra en el escenario adecuado para una tormenta perfecta. Y la eventual revuelta social, cuyos síntomas se perciben a flor de piel en amplios núcleos de la población, será responsabilidad exclusiva del despotismo de los grupos de poder, los cuales se han convertido en los principales enemigos de la democratización de la nación y en la posibilidad de alcanzar una formación económico-social más justa, aún dentro de los límites que ofrece el capitalismo. Las fuentes de la ascendente cólera que someterá a fuertes tensiones al sistema y podrá en riesgo su estabilidad política, así como la tranquilidad de los sepulcros requerida por los empresarios para optimizar la sobreexplotación y la pauperización de sus esclavos asalariados y crear condiciones necesarias para maximizar su tasa de ganancia, pueden ubicarse en los niveles político, social y económico.
Con motivo de la petición sustentada en un catálogo jurídico-político-democrático y republicano de cuestionamientos al reciente proceso electoral, centrado en la elección presidencial, se han manifestado quienes suponen que ese proceso es ya un expediente cerrado, cuando falta aún su dictamen-resolución de validez. La segunda fuerza electoral (Partido de la Revolución Democrática-Partido del Trabajo-Movimiento Ciudadano) y en menor medida, la tercera de ellas (el Partido Acción Nacional), con fundamentados argumentos y pruebas de que la asistencia a las urnas estuvo viciada de ilegalidad (antes, durante y después del día de las votaciones), han solicitado invalidar y, por tanto, anular ese resultado para convocar a nuevas elecciones presidenciales.
La resolución del Departamento de Transporte de Estados Unidos que determinó no aprobar la alianza antimonopolio entre Delta Airlines y Aeroméxico podría obedecer a “otros
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