Aunque el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto impulsó la Ley de Víctimas y se ha separado de los estragos de la violencia generada durante el sexenio pasado, las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, han estrechado filas para enfrentar una nueva etapa del conflicto armado que sostienen contra las bandas de narcotraficantes y otros grupos de la delincuencia organizada.
El Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales exige al gobierno de Ollanta Humala una amnistía general para todos los participantes en el conflicto armado que comenzó en 1980; ésta incluiría no sólo a miembros de Sendero Luminoso, sino a guerrilleros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, paramilitares, militares y policías.
Constitucionalmente, los militares deben estar en sus cuarteles en tiempos de paz. Pero en la práctica, a raíz del golpe de Estado de Calderón, andan por las calles en una seudoguerra que, junto a los delincuentes, ejercen contra la población mexicana. Calderón y sus generales, su García Luna, su Marisela Morales, atentaron contra sus propios colaboradores de las agencias Antidrogas y de la Central de Inteligencia estadunidenses (DEA y CIA, por sus siglas en inglés, respectivamente), de la Oficina Federal de Investigación, también estadunidense (FBI, por su sigla en inglés) y anegaron en sangre a miles de mexicanos ajenos a su “guerra”.
El personal en situación de retiro de las Fuerzas Armadas Mexicanas es sujeto de discriminación por parte de las autoridades que moralmente, por mandato Constitucional y por apego al cumplimiento de las leyes y reglamentos militares están obligados a proporcionar condiciones de vida digna a quienes honrosamente sirvieron a la nación en las filas del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México. A estos servidores de la nación les son conculcados los múltiples beneficios que dispone la Ley Federal del Trabajo por el desempeño del servicio.
Mujeres mayas q’eqchi’ vieron cómo militares torturaron y asesinaron a sus maridos. Luego fueron sometidas para servir como cocineras y afanadoras. A diario, las víctimas eran violadas sexualmente hasta por cinco soldados. Los hechos ocurrieron en las comunidades indígenas de Guatemala durante la guerra con la que los kaibiles exterminaron a la guerrilla
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