En agosto de este año un comediante escocés generó polémica al bromear que el equipo paraolímpico de Arabia Saudita había ganado porque “estaba compuesto por ladrones”.
Tras dos meses de refugio en la Embajada de Ecuador en Londres, Julian Assange recibió la llave de su libertad. Sin embargo, la puerta hacia su asilo en Ecuador se encuentra al final de un laberinto serpentino y, al parecer, interminable. Desde el balcón de la Embajada ecuatoriana, el fundador de Wikileaks agradeció “al mundo por observar” y pidió a Estados Unidos que “detenga su persecución en contra de los periodistas que traen a la luz los crímenes secretos de las potencias [mundiales]”.
No escapa ningún mexicano a la ola de violencia sangrienta que protagonizan la delincuencia organizada, desafiantemente canalla, y las Fuerzas Armadas y policiacas de la estrategia de Calderón, avalada por una fracción de la elite de generales del Ejército Mexicano (otros están arrestados por presunta complicidad con el narcotráfico y otros en la mira del ajuste de cuentas entre ellos por la disputa del poder ante quien resulte, con o sin ilegalidades, nuevo presidente de la República).
Con el Partido Acción Nacional (PAN), que ha tenido la sartén por el mango del presidencialismo, la nación ha sufrido el peor empobrecimiento, desempleo, impunidad y corrupción en grado de rateros, que han hecho de los cargos públicos un botín familiar de Vicente-Marta y Felipe-Margarita, en complicidad con sus amigos, socios, cuñados, primos, tal y como lo documenta sobre Calderón y Zavala el periodista Francisco Cruz Jiménez en su libro Las concesiones del poder (editorial Planeta-Temas de Hoy, 2011).
Por primera vez en materia de derecho a la información, la Suprema Corte de Justicia analizó la proyección pública de las personas privadas –sean físicas o morales– que mantienen negocios con el gobierno, y resolvió que su actuación es de interés público y su exposición en los medios informativos en casos de corrupción e irregularidades es legal, en tanto que involucra al erario. Así, la resolución del juicio por daño moral en contra del semanario Contralínea interpuesto por Blue Marine Technology Group, contratista de Pemex, establece un precedente para la prensa mexicana: la incidencia que tienen las personas privadas en la sociedad, por sus actividades profesionales, es susceptible al escrutinio periodístico, amparado por la Constitución
La resolución del Departamento de Transporte de Estados Unidos que determinó no aprobar la alianza antimonopolio entre Delta Airlines y Aeroméxico podría obedecer a “otros
Hasta la fecha, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lleva un avance del 90 por ciento en la revisión de concesiones de agua vigentes, debido
Luego de que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen que reforma el artículo 73 constitucional para facultar
Por primera vez, la presidenta Claudia Sheinbaum nombró como genocidio al apartheid que encabeza el gobierno de Israel contra Palestina, principalmente en la Franja de
