La lucha armada en Guerrero se reactivó bajo las siglas del PDLP. El joven Jacobo Silva Nogales recibió la encomienda de reactivar los contactos de Lucio Cabañas en la Sierra de Guerrero. Ellos serían la base de las filas del PROCUP-PDLP, después el EPR y luego del ERPI. Jacobo dio el salto definitivo a un camino que pensó sería de no retorno: el de la clandestinidad
La brutal represión ejercida por la militarizada Policía Federal en contra de los maestros de Guerrero, el 5 de abril pasado, no es más que otra expresión extrema de la proclividad de un Poder Ejecutivo que se siente iluminado, elegido para llevar a cabo misiones elevadas que considera unilateralmente como sus “razones de Estado” y utilizar los aparatos represivos para tratar de alcanzar sus fines; que por encima de la responsabilidad constitucional del político democrático, del estado de derecho, está dispuesto a emplear insensiblemente la fuerza del poder por encima de las necesidades y el bienestar de la población; que está inclinado a sofocar por medio de la violencia a los que no aceptan sumisamente alinearse a sus dictados y el orden que pretende remodelar, según su exclusiva perspectiva principesca; que antes de servirse de la razón, de analizar y valorar las heterogéneas posturas de la sociedad, de negociar, de alcanzar consensos, prefiere descalificar, intimidar, aislar, reprimir, encarcelar y derrotar, en el momento que considere oportuno, a los descontentos de sus medidas, sin darles la oportunidad a los afectados de defender sus intereses; éstos, impotentes, al carecer de los mecanismos jurídicos e institucionales que les permitan hacerse escuchar y resolver los conflictos pacíficamente, se ven obligados a recurrir legítimamente a cualquier método.
La semana pasada, el contralor del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero Pozas, acusó a los consejeros de ese Instituto, incluido su presidente, Leonardo Valdés Zurita, y su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, de ocultar la corrupción y el desvío de recursos públicos en la adquisición de bienes y servicios, una práctica conocida en ese órgano electoral autónomo.
Se debe distinguir entre los nuevos grupos de autodefensa que están surgiendo en Guerrero (y en otros estados de la República) y la Policía Comunitaria, la cual lleva ya una tradición de existencia y resultados de más de 17 años. A su vez, a ambos grupos se les debe distinguir también del paramilitarismo y del crimen organizado, cuyos fines de existencia no son la protección de las poblaciones. Igualmente se deben respetar los usos y costumbres de las comunidades de Guerrero, cuyo derecho a formar una policía con normativa propia es legítimo y legal, pues su existencia está actualmente sustentada por tratados internacionales y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política guerrerense.
El antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, explica que nunca se ha realizado un combate real a la pobreza que padece la Montaña de Guerrero. En entrevista con Contralínea, explica que quienes ganan con los programas asistencialistas son contratistas, funcionarios y algunas empresas; nunca los indígenas. A las comunidades sólo llegan limosnas que sirven para remozar alguna fachada, pero nunca para acabar con el hambre o garantizar la educación de los niños.
La resolución del Departamento de Transporte de Estados Unidos que determinó no aprobar la alianza antimonopolio entre Delta Airlines y Aeroméxico podría obedecer a “otros
Hasta la fecha, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lleva un avance del 90 por ciento en la revisión de concesiones de agua vigentes, debido
Luego de que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen que reforma el artículo 73 constitucional para facultar
Por primera vez, la presidenta Claudia Sheinbaum nombró como genocidio al apartheid que encabeza el gobierno de Israel contra Palestina, principalmente en la Franja de
