Autoridades estatales y federales omitieron verificar la “idoneidad del personal” que prestaba sus servicios al interior de un albergue, a cargo de la exdiputada panista
Desde hace 3 años que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República han sido constantes y variados los homenajes, festejos y reconocimientos que el gobierno ha hecho a las Fuerzas Armadas, como si fuera necesario tener que congraciarse con ellas por cumplir con su obligación de defender a la patria. Tampoco son pocas las ocasiones en que los secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, se han quejado públicamente de las críticas sociales y de las organizaciones oficiales e independientes que exigen a militares y marinos respetar los derechos humanos de la población.
El próximo 1 de septiembre, el presidente Peña Nieto hará públicos los resultados de su primer año de gobierno: el alza en las tasas de la pobreza y la violencia, el colapso del mercado interno y la nula generación de empleos. Una hipótesis perversa podría explicar la situación: inducir una austeridad fiscal deliberada para que la consecuente recesión doblegue y obligue a la población a aceptar la reprivatización energética, ante el temor de perder su empleo y el agravamiento de sus necesidades sociales
En nuestro país, los defensores de los derechos humanos son los más amenazados. Muchos han sido agredidos y encarcelados por funcionarios de las tres instancias de gobierno y también por delincuentes. Hacer valer garantías y derechos les ha valido toda clase de intimidaciones, particularmente por instancias gubernamentales que no entienden que, ante las violaciones a los derechos, las agrupaciones civiles deben denunciarlas para alertar a la opinión pública de las injusticias que permiten, por omisión o complicidad, las autoridades judicial y administrativa.
La falta de normatividad en materia de comunicación gubernamental históricamente ha dado pie al “atropello oficial” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a diversos derechos humanos vitales para un Estado democrático –como son la seguridad jurídica, la libertad de expresión, el derecho a la información, la transparencia y rendición de cuentas–, al impune despilfarro de recursos públicos y la construcción de imágenes políticas con cargo al erario, explican especialistas
La resolución del Departamento de Transporte de Estados Unidos que determinó no aprobar la alianza antimonopolio entre Delta Airlines y Aeroméxico podría obedecer a “otros
Hasta la fecha, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lleva un avance del 90 por ciento en la revisión de concesiones de agua vigentes, debido
Luego de que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen que reforma el artículo 73 constitucional para facultar
Por primera vez, la presidenta Claudia Sheinbaum nombró como genocidio al apartheid que encabeza el gobierno de Israel contra Palestina, principalmente en la Franja de
