Tratar de estabilizar la moneda ya ha costado 27 mil millones de dólares, entre 2015 y enero de 2016. Pero el desastre no amaina: la paridad mexicana bordea los 19 pesos por dólar. Y el precio del barril de petróleo podría caer a 16 dólares. La respuesta del gobierno: recurrir al fondo de estabilización, aplicar más impuestos, comprar más deuda y reducir aún más el gasto público
Hoy día el campo mexicano enfrenta una severa crisis. Por lo menos desde hace varias décadas, y en el marco de los cambios políticos y económicos relacionados a la inserción de México en la globalización neoliberal –particularmente con la incorporación en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)–, en el campo ha aumentado de manera constante la pobreza y hay una notoria reducción de la población en las localidades rurales [1]. Asimismo, se observa un severo decaimiento de la producción de alimentos y de forma paralela una disminución sostenida de la cantidad de empleos [2]. En este contexto, en el transcurso de los últimos lustros se ha consolidado una “erosión generalizada del campo” [3], siendo el ámbito del país donde más se concentran la pobreza, la marginación y la exclusión social a nivel nacional.
José Manuel Paredes, catedrático de derecho penal, dice que “hay delitos económicos que no se juzgan y, cuando se juzgan, casi nunca acaban en condena”. Cierto. Los delitos económicos, los que comete la minoría rica, se persiguen poco y se castigan menos. Y cuando raramente los delincuentes de esa minoría son imputados, sus abogados dilatan los procedimientos hasta poder acogerse a la prescripción de los delitos. Por fin, los escasos condenados suelen ser indultados. Impunidad.
No cabe duda que los Chicago Boys son incorregibles, como cualquier fundamentalista que se respete. Si es que, por supuesto, se puede ponderar a alguien estrecho de miras, que ante cualquier circunstancia que trastorne el orden y el estado de las cosas que reza su catecismo económico, recurra inmediatamente, imperturbable, a ofrecer las mismas soluciones que recomienda su canon doctrinario. Aunque su doctrina y sus terapias rehabilitadoras estén desacreditadas en todos lados, salvo entre sus propios creyentes y los escasos beneficiarios de las mismas –que se supone que son los que valen, porque forman parte de la casta oligárquica global, cuyos intereses protegen y benefician de las políticas económicas ortodoxas–, cosechen fracaso tras fracaso, y sus resultados agraven los problemas que esperaba resolver.
En algún sentido Guillermo Ortiz –actualmente bien cebado por la familia del difunto Roberto González Barrera que lo ocupa en su empresa de Banorte, ese oligarca encumbrado en las ciénagas neoliberales y que en vida fue generoso amigo y socio en negocios de dudosa reputación de Raúl Salinas Lozano y sus turbios retoños Carlos y Raúl Salinas de Gortari– tiene razón cuando afirma que “la reforma financiera no va a tener impacto notable en el corto plazo.
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