En vísperas del arribo de Barack Obama al Distrito Federal para una visita de 2 días, el mundo político fue estremecido con las declaraciones del exsubprocurador José Cuitláhuac Salinas Martínez y la aprehensión del suegro y el cuñado de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Ambos hechos tienen un común denominador: demostrar que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene voluntad de actuar con apego al estado de derecho.
Es incuestionable que la violencia en el país continúa igual o peor que en el sexenio pasado, aunque la información sobre el flagelo no fluya con la misma rapidez que cuando el responsable directo del fenómeno, Felipe Calderón Hinojosa, estaba en Los Pinos y no ponía limitaciones a la misma; y no por respeto a la libertad de prensa, sino por su desdén a los medios de comunicación, con la notoria excepción de los electrónicos. Podría decirse que el único cambio ocurrido en este nuevo gobierno respecto del tema de la violencia es la restricción de información oficial, porque por lo demás continúa, como si no hubiera habido un cambio de funcionarios responsables de tomar decisiones.
Después de estar dormidos por casi 12 años, lapso en el que el Partido Acción Nacional asumió el poder presidencial, los órganos de inteligencia del Estado parecen haber despertado y se han puesto a trabajar para contener uno de los problemas que más preocupa al gobierno de Enrique Peña Nieto: el robo de combustibles petrolíferos, clasificado como un asunto de seguridad nacional.
La detención de Elba Esther Gordillo, si bien fue celebrada por quienes por décadas han denunciado la corrupción en el SNTE, también generó una animada demanda ciudadana para que se investigue y se ejerza acción penal contra otros funcionarios. Apenas cinco botones de muestra señalan que, en materia de agravios a la sociedad por corrupción, abuso de poder, violación a los derechos humanos, enriquecimiento ilícito y nexos con la delincuencia, la Maestra no está sola.
El hartazgo de los pueblos viene acumulándose por decenas de años. El olvido y la omisión de las autoridades se suman al terror que ha sembrado el “crimen organizado”.
La resolución del Departamento de Transporte de Estados Unidos que determinó no aprobar la alianza antimonopolio entre Delta Airlines y Aeroméxico podría obedecer a “otros
Hasta la fecha, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lleva un avance del 90 por ciento en la revisión de concesiones de agua vigentes, debido
Luego de que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen que reforma el artículo 73 constitucional para facultar
Por primera vez, la presidenta Claudia Sheinbaum nombró como genocidio al apartheid que encabeza el gobierno de Israel contra Palestina, principalmente en la Franja de
