De hipócritas tildaron algunos medios de comunicación de Europa oriental las palabras de Vladimir Putin, al afirmar éste que “Rusia no tenía intención de ser una superpotencia mundial”. Inútil recordar que la Federación Rusa, heredera de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), sigue siendo una de las naciones más poderosas de la Tierra.
La intervención de comunicaciones es cada vez más recurrida por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR), para la supuesta investigación de delitos relacionados con la delincuencia organizada y las “amenazas” a la seguridad nacional.
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas –cuyo brillante estudio se debe a Hans Kelsen en su libro El derecho de las Naciones Unidas–, a la letra dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión…” (Javier Hervada y José María Zumaquero, Textos internacionales de derechos humanos). Con base en ese artículo de vigencia universal constituido hace varios años, el director de la organización Artículo 19, en su jurisdicción para los Estados Unidos Mexicanos y Centroamérica, Darío Ramírez, mantiene un monitoreo sobre el desempeño de esas libertades, no solamente a través de sus informes anuales, sino también de constantes pronunciamientos para velar por el trabajo de periodistas.
Los informantes que han puesto al descubierto el espionaje, las intrigas, los sabotajes y otras actividades ilegales de los organismos de seguridad nacional estadunidenses no son simples “denunciantes”, como si se tratara de ciudadanos que buscan corregir las pocas fallas de un sistema democrático.
La falta de normatividad en materia de comunicación gubernamental históricamente ha dado pie al “atropello oficial” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a diversos derechos humanos vitales para un Estado democrático –como son la seguridad jurídica, la libertad de expresión, el derecho a la información, la transparencia y rendición de cuentas–, al impune despilfarro de recursos públicos y la construcción de imágenes políticas con cargo al erario, explican especialistas
La resolución del Departamento de Transporte de Estados Unidos que determinó no aprobar la alianza antimonopolio entre Delta Airlines y Aeroméxico podría obedecer a “otros
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