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La doble justicia mexicana

Dos de los más recientes procesos judiciales que se ventilan públicamente e involucran a políticos, artistas y narcotraficantes con el supuesto delito de lavado de dinero, confirman la desigualdad en la aplicación de justicia que hay en nuestro país. Por un lado, el gobierno protege a los amigos y miembros del sistema y evita que rindan cuentas y enfrenten a la justicia, como sucede con el exgobernador y expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira. De manera distinta, se acosa judicialmente y se violan derechos a quienes critican al gobierno y antes de un juicio se les exhibe públicamente en una clara afectación al debido proceso, tal como ocurre con la actriz Kate del Castillo.

Tres sinaloenses en Malasia, al pie de la horca

Culiacán, Sinaloa. Tras ser condenados a muerte por el Alto Tribunal de Malasia por el delito de narcotráfico, los tres hermanos González Villarreal, originarios de Culiacán, esperan que se resuelva su juicio de apelación. Interpuesto por su abogado Kitson Foong, el proceso judicial al que tienen derecho fue pospuesto –porque el fiscal del caso enfermó– para el 14 de agosto de 2013, en la Corte de Kuala Lumpur.

Los Zetas, intactos

Los Zetas controlan total o parcialmente los negocios criminales en 21 entidades de México y tienen cobertura en otras cinco, a pesar de la existencia de cinco grupos dedicados exclusivamente a asesinarlos.

La industria del crimen organizado que protegió Calderón

El gobierno panista de Felipe Calderón quedó marcado por la tragedia humanitaria que superó, sin lugar a dudas, los 25 años de la Guerra Sucia desarrollada por el gobierno federal en las décadas de 1960, 1970 y parte de la de 1980, en contra de la oposición, principalmente de izquierda, y de todo aquel movimiento social que se opusiera o criticara las políticas públicas.

Contralínea 337

Los 89 cárteles que arrasan México

En México operan 88 organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilegal de narcóticos, afirma un informe elaborado por la Procuraduría General de la República en marzo de 2013, del que Contralínea obtuvo copia.

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