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Mientras Función Pública exime a empleados de filial de Pemex declarar patrimonio, Inai determina que los negocios de la petrolera –por más de 500 mil millones de pesos– vinculados a empresas offshore no son sujetos de la Ley de Transparencia
En Michoacán, cada día hay 357 pobres más. Es parte de lo que ocurre en todo el país con un Estado que va de “frágil” a “fallido” intermitentemente. La violencia y la miseria son una auténtica epidemia que debería enfrentarse con las lecciones que dejó el combate al ébola en África.
De la mano de los cárteles mexicanos de Sinaloa, del Golfo y los Caballeros Templarios, las delincuencias panameñas se transforman. El gobierno, en carrera contra el tiempo antes que la narcoviolencia explote
El actual poder de compra de los salarios reales es igual al registrado a finales del porfiriato. Por cada 10 ocupados existen 8 desempleados, informales y personas que abandonaron el mercado laboral, pero se encuentran disponibles para trabajar. Es el panorama de los trabajadores mexicanos en “su día”
La Cruzada Nacional contra el Hambre falló. El principal programa para combatir la pobreza extrema carece de una estrategia definida y su operación es opaca, incumple sus metas y convierte a los pobres en un botín político
Setenta y siete compañías privadas conforman la red empresarial paralela de Pemex: 37 de ellas son offshore. Residen en México y el extranjero, incluidas Islas Caimán y Bahamas. Petróleos Mexicanos, sin embargo, afirma no tener negocios en paraísos fiscales
En un país donde los jóvenes son los principales afectados por la contracción de empleo y las políticas de austeridad, se desarrollan las protestas más intensas que se viven actualmente en Europa. Están educados y tecnologizados, crean sus propios medios de comunicación y se asumen herederos del mayo de 1968
México está, de nueva cuenta, entre los países de América Latina con mayor concentración de la tierra cultivable y forestal. La diferencia es que los países del Sur inician un nuevo reparto agrario
El INE, la Fepade y el Tribunal Electoral: el inútil desperdicio presupuestal por 290 mil millones de pesos reales entre 1991 y 2016. Onerosos sueldos para justificar las elecciones “democráticas”