Partido Popular español, por la impunidad para criminales de guerra

Centro de Colaboraciones Solidarias

José Couso, camarógrafo de la española Telecinco, fue asesinado por un soldado del Ejército de Estados Unidos que disparó contra el hotel Palestina, en Bagdad, Irak, donde se concentraban varios periodistas. Dirigentes del Partido Comunista Chino ordenaron perseguir, torturar y asesinar, desde 1990, a los seguidores de la escuela espiritual Falun Gong. En Tíbet, el gobierno chino persiguió y torturó a budistas tibetanos. En Ruanda, 4 millones de ruandeses fueron aterrorizados y asesinados. Responsables marroquíes del Sahara occidental asesinaron, lesionaron y torturaron a ciudadanos saharauis. Representantes de supervivientes españoles en campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg denunciaron a exmiembros nazis de las compañías de defensa por delitos de lesa humanidad, asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y tortura.

Éstas y otras son causas de justicia universal en diversa situación procesal en la Audiencia Nacional de España. La justicia o jurisdicción universal es el principio por el que crímenes de guerra y de lesa humanidad han de ser perseguidos en cualquier rincón del mundo, con independencia de quién sea la víctima, su autor o dónde se hayan perpetrado tales crímenes.

Sin embargo, el gobierno del Partido Popular (PP) ha decidido suprimir la justicia universal en España con una tramitación parlamentaria urgente para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial que elimina esa justicia universal. Según Amnistía Internacional, el Partido Popular impone tantas cortapisas y límites a la jurisdicción universal que la desnaturalizan por completo. Según varias asociaciones de defensa de derechos humanos, las presiones de China son la razón principal de que el gobierno de Mariano Rajoy se dé prisa en reformar dicha ley y puedan archivarse las causas contra dirigentes chinos como presuntos criminales de guerra.

Esta contrarreforma supondrá el archivo de una docena de sumarios como los citados anteriormente. Para justificar tal contrarreforma, el PP pretende que la justicia universal sólo pueda aplicarse “legitimada y justificada por la existencia de un tratado internacional que lo prevea o autorice el consenso de la comunidad internacional”. ¿Ignora el PP que ese consenso ya está en la Exposición de Motivos del Estatuto de la Corte Penal Internacional que establece ese tribunal? Un Estatuto que España firmó y ratificó. Y, por tanto, la obliga. Dice ese Estatuto que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia”. Y “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”.

Pero incluso antes de ese Estatuto, España firmó los Convenios de Ginebra y sus Protocolos en 1949, y en varios artículos de los mismos se ordena que “cada una de las partes [sic] tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, cualquiera de las infracciones graves [crímenes de guerra], y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad”.

Intentar acabar con la justicia universal es antiguo. La Fiscalía se ha opuesto a menudo a causas de justicia universal en España. Y en 2009, el entonces gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pactó con el Partido Popular, con Convergencia y Unión (Cataluña) y el Partido Unión Progreso y Democracia un primer recorte a la jurisdicción universal que ahora remata el PP.

¿Es importante la justicia universal? Sí. Tanto, que la investigación de los crímenes de guerra franquistas y la ubicación de las fosas comunes de unos 150 mil desaparecidos forzosos de la dictadura de Francisco Franco es posible porque esa causa ha sido aceptada por una jueza de Argentina en aplicación de la justicia universal.

Como recuerda el abogado Jaume Asens, Cesare Beccaria –jurista del siglo XVIII que mejoró el derecho penal– escribió que la mejor forma de prevenir el delito es “la persuasión de no encontrar lugar alguno sobre la Tierra en el que haya de quedar sin castigo”, porque la impunidad es una obscena invitación al crimen. E insiste Asens: “Cuando se permite que genocidas, torturadores u otros criminales internacionales eludan la acción de la justicia, se desprecia a las víctimas y se disparan las alarmas”. Alarmas porque peligra la democracia misma. Y concluye: “con los derechos humanos no hay medias tintas. Se está con las víctimas o con los victimarios”.

El Partido Popular elige estar con los criminales.

 *Periodista y escritor

 

 

 

Fuente: Contralínea 375 / 3-8 de marzo 2014