El número de solicitudes para el reconocimiento de condición de refugiado a nivel nacional se incrementó en casi 1 mil por ciento en sólo seis años, al pasar de 811 en 2012 a 8 mil 781 en 2016, a pesar de que “las autoridades migratorias mexicanas inciden para que las personas no realicen la solicitud o se desistan de ella”, señala un informe sobre los Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México (Desca 2017).
“El Estado ha implementado una estrategia de contención migratoria, comenzando por la privación de la libertad en estaciones migratorias, o bien, que las personas sean deportadas sin conocimiento de que podían solicitar protección internacional, lo que pone en riesgo su integridad física”, explica el documento realizado por un comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El enfoque al problema que han tomado las autoridades mexicanas “impide que se desarrolle una política de inclusión de las personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas en el país”, denuncia el informe.
Aunque no hay datos oficiales, se estima que entre 300 mil y 400 mil personas ingresan anualmente a México por la frontera sur, mayoritariamente de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua). Algunos con la intención de permanecer en el país y otros para seguir camino a Estados Unidos.
“El aumento en la migración, así como la criminalidad que se ha registrado los últimos años en la frontera sur, han ocasionado mayor vulnerabilidad entre los migrantes, siendo víctimas de extorsiones, asaltos, secuestros y detenciones arbitrarias, tanto por autoridades federales, estatales y municipales, como por grupos criminales”, concluye el DESCA 2017.
Marcial Yangali
