De 2004 a 2023, se presentaron 38 mil quejas contra el Poder Judicial de la Federación (PJF). De éstas, alrededor del 86 por ciento fueron desechadas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sin haber iniciado una investigación, indicó la titular de la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez.
Del total de quejas presentadas, sólo el 0.7 por ciento resultó en apercibimientos o amonestaciones, mientras que el 0.2 por ciento recibió suspensiones temporales. De igual manera, el 0.1 por ciento de los funcionarios sancionados fueron destituidos, aunque muchos regresaron a sus puestos por haber presentado amparos.
En cuanto a las inhabilitaciones, representaron el 0.6 por ciento del total, y apenas el 0.04 por ciento de jueces y/o magistrados recibieron algún tipo de sanción económica.
Asimismo, Rosa Icela Rodríguez puntualizó que “de enero a septiembre de 2023, el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la República presentaron 72 denuncias contra jueces y magistrados ante el Consejo de la Judicatura Federal; ninguna ha resultado con sanción”.
Finalmente, expuso las razones por las cuales la reforma judicial es necesaria. “Un ministro de la Corte alcanza un salario de 792 mil 256 pesos mensuales, que contempla el sueldo base, la compensación, las precisiones de previsión social, la prima vacacional, el aguinaldo, el seguro de vida, el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizado, el estímulo de antigüedad, el pago por riesgo, los viáticos para restaurantes de lujo, el apoyo de gasolina y el apoyo para vehículo blindado. En el mismo caso, está el salario de un consejero de la judicatura, que tiene un salario mensual de 460 mil 787 pesos, y el salario de un magistrado de 374 mil 203 pesos”.
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