El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos –programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura– exige a las autoridades mexicanas que investiguen la presunta intervención ilegal de comunicaciones contra defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción, denunciado el pasado 19 de junio.
En particular, urge a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizar investigaciones al respecto. Las tres instituciones han adquirido el software Pegasus, con el que presuntamente fueron infectados los dispositivos electrónicos de las víctimas.
A través de una carta abierta –fechada el 3 de julio y dirigida al general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena; al procurador general Raúl Cervantes Andrade, y a Eugenio Ímaz Gispert, titular del Cisen–, el Observatorio manifiesta su preocupación sobre las denuncias respecto del uso de malware para espiar al menos a 15 defensores, periodistas y activistas.
Para las organizaciones internacionales, el espionaje “atenta contra la libertad de expresión y asociación, el derecho a la intimidad y sobre todo criminaliza la labor de periodistas y defensores de derechos humanos al ponerlos como objetivos de programas que son utilizados a nivel global contra criminales y terroristas”.
El Observatorio destaca que México no es el primer país de América Latina en incurrir en esta práctica: “esta forma de proceder ya ha sido utilizada por otros gobiernos latinoamericanos, como se ha documentado en Colombia, a través del caso DAS; y en Brasil, con los casos de Vale y Belo Monte”.
Además de las investigaciones independientes y exhaustivas, el Observatorio solicita al Estado mexicano, sobre todo, que se “sancione debidamente a los responsables y que se proteja la labor de defensores de derechos humanos y periodistas que se encuentran en una situación de riesgo bajo amenazas e intimidaciones”.
La carta abierta está firmada por Dimitris Christopoulos, presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y Gerald Staberock, secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura.
Nancy Flores
