Más de 800 conflictos socioambientales por megaproyectos mineros y energéticos

La imposición de megaproyectos mineros y energéticos generó 879 conflictos socioambientales en todo el país, durante las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Se trata de 304 obras relacionadas con las industrias minera, eólica, hidroeléctrica, petrolera y de infraestructura de gasoductos.

Un mapeo elaborado por especialistas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)-México, Montfort University, Fundación Heinrich Böll y Cartocrítica, AC, revela que los estados con más hechos violentos asociados a la minería son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Puebla, Coahuila, Sonora, Durango y Michoacán; en tanto que los campos petroleros han ocasionado conflictividades en Tabasco, Chiapas y Veracruz.

La investigación expone que con los gasoductos, los tramos con más hechos violentos reportados son Puebla-Tlaxcala-Morelos, Sonora-Sinaloa y Chihuahua-Sinaloa. Las instalaciones hidroeléctricas han violentado Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero; en tanto que los proyectos eólicos han generado conflictos socioambientales en Oaxaca y Yucatán.

Gisela Zaremberg, investigadora de Flacso, expone que el equipo de investigación detectó que en “términos absolutos”, los datos analizados arrojan que la minería es la actividad que ocasiona el mayor número de conflictos, con 374 hechos conflictivos reportados en 134 proyectos mineros; le sigue la extracción  de hidrocarburos (campos petroleros y gasoductos), 201 actos violentos en 85 proyectos; luego, las hidroeléctricas con 188 hechos reportados, en 50 proyectos. Al final, las eólicas, con 116 conflictos en 35 proyectos.

Zaremberg agrega que entre las acciones que han tomado las comunidades a donde llegan estas obras, es recurrir a la acción institucionalizada, como juicios y recursos de amparo; en cambio, las que combinan este tipo de acciones con otras no institucionalizadas, relacionadas con la toma de instalaciones, de oficinas públicas o de las empresas, así como de la retención de funcionarios, son comunidades que buscan la negociación de beneficios.

Érika Ramírez