La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, señaló que se requiere desarrollar estrategias colectivas y sociales con una visión solidaria para contener la crisis en la que se encuentra el 60 por ciento de personas que laboran en el sector informal de México.
Durante la contingencia sanitaria se han visibilizado la precariedad en la que trabajan los no asalariados (como el personal de limpieza, indígenas artesanos, trabajadoras sexuales, artistas callejeros, músicos, entre otros); además de las omisiones de Estado y la falta de compromiso de la sociedad con este grupo de atención prioritaria, indicó.
Al participar en el seminario en línea “El derecho frente a la pandemia de Covid-19”, organizado por el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, la titular de la CDHCM consideró fundamental retomar el test de vulnerabilidad desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pondera cuestiones estructurales, históricas, sociales y físicas, así como la exposición al riesgo.
Asimismo resaltó que después de 2 meses de distanciamiento social, estas personas no cuentan con recursos económicos porque no hay consumo. Ello resultará en el impacto económico que vendrá en cadena ante esta precarización colectiva, agregó.
Durante el seminario, ejemplificó que en la Ciudad de México se instalan alrededor de 1 mil 500 tianguis, donde laboran más de 100 mil personas en el comercio popular. Tan sólo en Iztapalapa, más de medio millón de personas se abastecen de ellos; sin embargo, no se han instalado desde hace varias semanas.
Por su parte, la representante en México de Woman in Informal Employement Globalizing and Organizing-Mujer en Empleo Informal: Globalizando y Organizando, Tania Espinosa Sánchez, destacó que el reto en este contexto de emergencia sanitaria es convertir el trabajo informal en un trabajo digno, que tenga las condiciones y reconocimiento de los derechos de los trabajadores.
