Indígenas y campesinos del ejido Ricardo Flores Magón, ubicado en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, exigieron hoy al gobierno federal que cancele definitivamente las concesiones mineras en su territorio.
Según el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz, Chicomuselo tiene 12 concesiones mineras con vigencia hasta 2059. Éstas, señala, fueron otorgadas sin el consentimiento libre, previo e informado de sus habitantes tal y como se establece en instrumentos internacionales, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El rechazo de las comunidades a estos proyectos ha derivado en división comunitaria y en acoso contra aquellos que defienden su territorio de la explotación minera.
Por ello, el Comité solicita la intervención urgente de la Procuraduría Agraria para la defensa de los derechos de los ejidatarios, quienes desde mayo no han sido atendidos.
Además, exige a las autoridades proteger y salvaguardar la integridad física de las personas defensoras de la tierra y el territorio. Ello, porque el grupo de ejidatarios que no permite el paso de las compañías mineras a la comunidad ya ha sido amenazado de muerte, desde el 14 de mayo pasado.
[bctt tweet=”Se aprovechan de la pobreza de los habitantes, les ofrecen dinero para que acepten la mina #Chiapas” username=”contralinea”]
Para los afectados, el amedrentamiento del que son objeto les recuerda el caso del defensor Mariano Abarca Roblero, asesinado en 2009 por oponerse a la explotación minera en Chicomuselo. Un crimen que permanece impune.
Para los indígenas y campesinos, el asesinato de Abarca forma parte de su terrible experiencia con la canadiense Blackfire Exploration en sus tierras, que también incluye afectaciones a la salud por contaminación (incluida la auditiva) y el deterioro de sus carreteras.
El Comité denuncia que la presencia de las mineras “sigue provocando división del tejido social, toda vez que estas empresas se aprovechan de la pobreza de los habitantes para ofrecerles apoyos económicos para que acepten el proyecto minero”.
Esto, refiere, incrementa la conflictividad entre los que rechazan la actividad minera y quienes están a favor.
Nancy Flores
