Luego de que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen que reforma el artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir la Ley General en Materia de Extorsión, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, anunció que la Cámara Alta prevé discutir la iniciativa esta semana.
Castillo explicó que la reforma permitirá contar con un marco legal uniforme y actualizado para enfrentar este delito. Indicó que, una vez avalada por el Senado y por los congresos estatales, la reforma entrará en vigor.
En la exposición de motivos del documento enviado por la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, se señala que uno de los principales problemas en el combate a la extorsión es la falta de homologación de las penas. Actualmente, el Código Penal Federal y los códigos locales establecen un promedio de sanción mínima de cuatro años y seis meses, y hasta 12 años como pena máxima, lo que refleja una discrepancia entre legislaciones.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), encabezado por Marcela Figueroa, reportó que la incidencia de este delito varía de manera significativa entre entidades. Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran 61.8 por ciento de las víctimas registradas entre 2024 y enero de 2025; tan sólo el Estado de México acumula 33.1 por ciento de los casos.
En 2023, se registraron 10 mil 946 víctimas de extorsión, y en 2024 la cifra fue de 10 mil 862. Sin embargo, especialistas señalan que la incidencia real podría ser mayor a la reportada por el SESNSP.
La bancada de Movimiento Ciudadano informó que, entre 2023 y 2024, se contabilizaron 4 millones 900 mil casos de extorsión, con una tasa de 5 mil 213 por cada 100 mil habitantes. Del total, 85.6 por ciento fueron extorsiones telefónicas y en 12.9 por ciento de los casos las víctimas realizaron un pago.
