Asociaciones civiles procederán legalmente contra expansión de minera en Zacatecas

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (Ocmzac) advirtieron a la empresa minera First Majestic que, en caso de incurrir en la ilegalidad para obtener derechos sobre el ejido San José de Buenavista, en Zacatecas, procederán legalmente ante las autoridades correspondientes.

En entrevista con Contralínea, integrantes de la Rema explican que First Majestic pretende expandir sus operaciones dentro del municipio Chalchiuites, argumentando que sólo desea saber si la zona ejidal de la concesión está mineralizada; “pero sabemos que esa información es falsa, [ya que la empresa] sabe que existe mineral en la zona; lo que en realidad pretenden es saber la concentración de mineral para definir la operación que tengan en mente”.

La Rema señala que en 2017 la Secretaría de Economía entregó 22 concesiones a First Majestic en el municipio de Chalchihuites, que abarcaban sólo 18.8 hectáreas y ahora, según el Sistema de Investigación y Administración Minera, hay 10 nuevas solicitudes que acumulan una extensión de 319.56 hectáreas, lo que apunta a que no sólo será un proyecto de exploración, “sino para explotación y/o beneficio propio”.

En el ejido de San José se han realizado dos asambleas agrarias entre los campesinos y representantes de la empresa canadiense, con el fin de definir la aprobación o negación de dicho proyecto de exploración. Sin embargo, de acuerdo con un comunicado emitido por Rema el 2 de julio, ambas asambleas no se han ejecutado con el “debido proceso”, ya que “en el pleno de la segunda convocatoria, [ejidatarios] abandonaron la reunión y negaron los derechos ejidales de las compañeras, violando los procedimientos descritos en la Ley Agraria”.

Por ello, la misma asociación afirma que de llevarse a cabo la firma del convenio entre los ejidatarios que se encuentran a favor del proyecto y la minera, “sería de forma ilegal”.

Por último, la Red de Afectados Mineros recalca que la decisión concierne a las y los ejidatarios, quienes de forma legal tienen derechos sobre el campo, pues se encuentran inscritos en el padrón del Registro Agrario Nacional, el cual les permite llevar el control de la tenencia de la tierra y la seguridad de la aplicación de la Ley Agraria.

Karen Ballesteros