Las denuncias de violaciones cometidas contra trabajadores y habitantes de Ocotlán, Oaxaca, por parte de la minera Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, serán revisadas, prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde Palacio Nacional dijo que “es responsabilidad de nosotros garantizar la seguridad de los trabajadores, el que no haya contaminación, el que no se afecte el medio ambiente, y eso lo tenemos que hacer, es una responsabilidad, y lo estamos haciendo, no permitir abusos de ningún tipo”.
En marzo de 2013, Contralínea documentó que en el tercer municipio más pobre de Oaxaca, la extracción de oro y plata deja a la trasnacional canadiense Fortuna Silver Mines –a través de su filial Compañía Minera Cuzcatlán– cientos de miles de onzas de los minerales preciosos (ver: edición 327).
Además, el informe Transición traicionada: los derechos humanos en México durante el sexenio 2006-2012 –elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)– indica que “la empresa minera Cuzcatlán ha violentado diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que estipula el consentimiento previo, libre e informado para la realización de proyectos en territorios indígenas”.
En este municipio oaxaqueño fue asesinado, el 15 de marzo de 2012, Bernardo Vásquez Sánchez, uno de los principales opositores a la minera.
Érika Ramírez
