Con más de 2 millones 840 mil pesos entre 2012-2018, el gobierno de Guanajuato bajo la administración de Miguel Márquez Márquez aplicó el Proyecto Escudo. El exgobernador viajó a Washignton para reunirse con Janet Napolitano, entonces secretaria de Seguridad Nacional de Obama, con quien revisó y evaluó el Plan de Seguridad de Guanajuato. Tras su aplicación, aumentó la crisis en seguridad y, hasta la fecha, es el estado con mayores índices de incidencia delictiva. Sin embargo, a la empresa Seguritech, la que fue contratada por los gobiernos de Guanajuato se le han asignado cinco contratos –entre 2012 y 2025– por más de 12 mil 124 millones de pesos
Guanajuato es quizá la máxima expresión de la violencia sostenida en el tiempo desde que el gobierno de Felipe Calderón y su secretario de seguridad Genaro García Luna, le declararon la guerra al narcotráfico. En aquel entonces el país entró en una fase expansiva de asesinatos, violencia y una serie de delitos de alto impacto que no tenían parangón.
Información presentada en la conferencia presidencial del 4 de agosto de 2025, muestra que en el sexenio de Felipe Calderón los homicidios dolosos se incrementaron 192.8 por ciento; y en el de Enrique Peña Nieto, 59 por ciento. En las últimas seis presidencias, son los de Felipe Calderón y Peña Nieto los más violentos.
Desde 2007, con la declaratoria de la guerra al narcotráfico, el gobierno ilegítimo de Calderón, intentó revestir dicha ilegitimidad con el uso político de las fuerzas armadas, pero también con la aceptación de un plan de carácter contrainsurgente como lo fue la Iniciativa Mérida.
La Iniciativa Mérida merece una amplia revisión pues no sólo fue un plan mediante el cual se militarizó al país, también fluyó una gran cantidad de recursos para organizaciones no gubernamentales que desde entonces comenzaron a recibir millonarios recursos. Con esos recursos se financiaron una serie de reformas al Estado, como de hecho sucedió con las reformas al Poder Judicial.
Como se señaló en otras investigaciones, México se convirtió hacia el siglo XXI uno de los principales países receptores de la asistencia económica, militar y en seguridad de Estados Unidos. En el rubro de seguridad, uno de los proyectos más importantes fue el Proyecto Escudo en Guanajuato, establecido desde 2012 y ratificado por autoridades estadunidenses.
Proyecto Escudo con aval estadunidense
Tras las filtraciones de documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos por parte de WikiLeaks, y tras el operativo Rápido y Furioso, la entonces secretaria del Departamento de Estado, Hilary Clinton, visitó Guanajuato como parte de su tercera visita a México para refrendar la Iniciativa Mérida, y dialogar con miembros del gobierno mexicano sobre la lucha contra el narcotráfico, en un memento de crisis bilateral.
Fuente: Departamento de Estado (https://2009-2017.state.gov/m/ds/rls/c41929.htm)
Un año después, en 2012, se dio a conocer que el Proyecto de Seguridad Escudo, del gobierno de Guanajuato, había sido aprobado por el gobierno estadunidense. Ello le permitió erogar al estado gobernado por el Partido Acción Nacional la cantidad de 2 mil 727 millones 893 mil 413 pesos, según documentos que se hicieron públicos mediante el Portal Nacional de Transparencia.
En aquel entonces, el gobernador Miguel Márquez Márquez viajó a Washington para reunirse con Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional de Obama con quien revisó y evaluó el plan de seguridad de Guanajuato para los próximos seis años.
Según información del Proyecto Escudo consultada por Contralínea, la justificación oficial del proyecto fue por la “necesidad del Estado de Guanajuato de implementar un mecanismo de blindaje que frene la infiltración del crimen organizado, desplegando la seguridad en el territorio de todos los municipios del Estado y de sus fronteras a fin de preservarlas libertades, el orden y la paz públicos”.
El plan, según datos consultados por la revista Contralínea, tenía entre sus objetivos “activar una poderosa red de video-vigilancia en el territorio estatal, con el más moderno sistema de comunicación policial y arcos detectores en las carreteras y zonas limítrofes que permitan localizar autos robados o involucrados en ilícitos. Toda esta tecnología permitirá alertar a autoridades de manera simultánea cuando ocurren delitos”.
El Proyecto Escudo estuvo dirigido a 46 municipios de Guanajuato. El entonces secretario de Seguridad Estatal Álvar Cabeza de Vaca detalló que se modernizarían los sistemas de información con tecnología de punta.
En respuesta a una solicitud de información promovida por Contralínea, las cifras discrepan en lo que informó el mismo estado de Guanajuato años antes. En 2024 detalló la Secretaría de Seguridad del estado de Guanajuato que el presupuesto fue de 2 mil 840 millones 234 mil 068 pesos.
Como detalló la prensa nacional en aquel entonces, los recursos fueron para la colocación de 124 arcos en carreteras en 92 posiciones en todo el estado, más de 2 mil 700 dispositivos electrónicos entre cámaras de vigilancia y detectores para monitorear placas de automóviles y cámaras para actualizar la tecnología del C-4 para “vigilar al estado en tiempo real”. Se colocaron más de 320 kilómetros de fibra óptica para monitoreo eficaz, así como remodelación y tecnificación de inmuebles en los 23 centros de emergencia municipales donde hay más concentración poblacional”.[1]
En 2013, se supo que la empresa Seguritech había sido la encargada de toda la instalación descrita y se le dio el contrato en adjudicación directa. El actual gobierno de Guanajuato a raíz de las distintas solicitudes de información sobre el tema y tras los escándalos de posible corrupción del ex gobernador Diego Sinuhé hizo públicos los contratos que tiene con la empresa Seguritech. Con dicha información se sabe que fueron cinco contratos entre 2012 y 2025 por un monto de 12 mil 124 millones de pesos.
Como demostró la prensa en su momento, no sólo fue Guanajuato, también el Estado de México que le otorgó desde 2012 hasta 2018 a Seguritech adjudicaciones directas por 7 mil 922 millones de pesos.[2] Durante el sexenio de Peña Nieto Seguritech firmó contratos con 22 estados del país para la instalación de sistemas de vigilancia y seguridad por 22 mil 307 millones y otro contrato de 116 millones de dólares con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En 2020, trascendió la participación de Seguritech en el plan de seguridad que quería instalar el presidente de El Salvador Nayib Bukele y por el cual, militarizó el congreso.[3] Al final, el proyecto no pasó.
Las partes integrantes del Proyecto Escudo estuvieron centradas en construcción de capacidades de infraestructura de seguridad como se detalla a continuación:
911
Guanajuato fue el grupo de entidades que inició en octubre de 2016 la transición al 911.
Coordinación operativa permanente 24/7
Con el programa se implementó el centro de mando unificado estatal en las instalaciones del C5i, único en su tipo en el país [en aquél entonces], donde son coordinadas todas las acciones de atención de emergencias de las corporaciones estatales y federales en coordinación con los municipios; esto ha permitido una mejora en la atención, una reacción unificada, planeada y ordenada.
Certificaciones y acreditaciones
Se consideró aplicar una reingeniería a todos los procesos del C5i con la finalidad de modernizar la atención y buscar una optimización de los procesos técnicos y operativos. Aunado a los anterior en diciembre del 2014 se logró la certificación de todos los procesos bajo la norma ISO 9001-2008, dicha evaluación fue realizada con la casa de certificadora British Standards Institution (BSI).
CALEA
La Embajada de Estados Unidos al ver la operación de, C5i en varias de sus visitas, ofreció patrocinar al C5i la acreditación en comunicaciones de CALEA. Para lo cual se desarrollaron más de 200 estándares especializados en gestión de emergencias y logística, seguridad y comunicaciones y en noviembre 2017 el C5i obtuvo la certificación CALEA Comunications acreditando 211 estándares relacionados con la operación de Centros de Comunicación.
Edificio C5i
Cabe señalar que el C5i es considerado uno de los edificios más funcionales, eficientes y modernos del país. En 2014, Guanajuato fue evaluado y comparado con varias obras arquitectónicas, y derivado de su diseño, uso y operación ganó el tercer lugar a nivel nacional de las mejores obras del país en la categoría de Servicios y asistencia pública, concurso organizado por Cemex.
Helipuerto (HZP)
El helipuerto C5i también cuenta con su acreditación de uso, y es el único helipuerto de seguridad en el estado con este proceso de evaluación.
Centro de mando
Con la tecnología implementada, hoy en día se pueden instalar bases de mando móviles que ayudan a mejorar la operación en los eventos más significativos del estado.
Sistema integral de atención para mujeres (SIAM) 0-7-5
La tecnología e infraestructura facilitó la implementación del Sistema Integral de Atención para las mujeres, un servicio de atención especializado para las mujeres en casos de violencia, el cual presentó muchos diversos casos de éxito, este servicio está integrado por el instituto de la Mujer Guanajuatense, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia en el Estado. Este servicio opera en el C5i.
Japan Desk, Línea de atención en japonés e inglés
El gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública implementó el primer servicio de atención políglota del estado para la atención de emergencias, especializado en inglés y japonés; este servicio fue inaugurado por el Gobernador de Hiroshima, siendo un servicio que está ayudando a las comunidades de habla japonesa e inglesa para la atención de emergencias y servicios de información general, este servicio opera desde el C5i.
Alerta Amber
Como parte de la innovación y dar mejores servicios a la población y municipios se implementaron varios servicios y procesos para la difusión de Alerta Amber (Alerta emitida cuando hay la desaparición de un menor).
Seguritización y violencia
Investigadoras como María José Rodríguez Rejas, académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ha investigado ampliamente el proceso de pérdida de soberanía de gobiernos latinoamericanos, que en diferentes momentos de su historia han adoptado las directrices de seguridad nacional estadunidense.
A ese proceso, Rodríguez Rejas le denominó “norteamericanización de la seguridad”. Implica tácticas de desestabilización y guerra (económica, cultural, psicológica y militar) como forma de hacer política; transformaciones legales e institucionales que restringen libertades, criminalizan la participación política, facilitando el control de la población; exaltación y difusión de la violencia y la guerra mediante medios masivos de comunicación para construir consenso sobre quién es el enemigo, legitimando con ello intervenciones en terceros países o justificando procesos de represión selectiva de las disidencias; formas específicas de militarización nacionales y regionales vía planes e iniciativas de seguridad que promueven e internalizan la guerra; judicialización de la política o lawfare, desplazando la política como mecanismo de organización de la vida pública y de regulación de conflictos. Dicha definición se encuentra en su obra titulada La norteamericanización de la seguridad en América Latina.
Este es un aspecto crucial por varios motivos. Justamente desde 2012 Guanajuato comenzó a vivir cada vez más hechos de violencia que se yuxtaponen al crecimiento de ciertas industrias manufactureras, al paquete de reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto y del robo de hidrocarburos, lo que permitió a grupos delictivos un crecimiento inusitado.
El hecho de que haya sido una empresa la que tuvo contratos de instalación de equipos de seguridad en más de 20 estados del país hacia 2019, eleva su importancia a nivel de seguridad nacional pues llegó a vigilar más del 60 por ciento del territorio nacional. Es un proceso de monopolización del monitoreo nacional.[4]
El caso de Guanajuato abre una serie de discusiones en torno a varios fenómenos. Primero, es importante la videovigilancia del país, pues ha permitido prevenir delitos o perseguir a generadores de violencia. Pero no lo es todo. Una estrategia de seguridad centrada en la tecnología y en la militarización de la seguridad pública sin atender las causas no da resultados. La muestra es precisamente Guanajuato.
FUENTE: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Por último, llama la atención que varios medios de comunicación nacionales, hegemónicos y no, se centren en visibilizar únicamente los nexos entre Seguritech y el exgobernador de Guanajuato, pero deliberadamente omitan que el proyecto Escudo se hizo con el aval de Estados Unidos y bajo el paraguas de la Iniciativa Mérida en el sexenio de Felipe Calderón.
[1] Espinosa Verónica, (2004) “Incompleto y costoso arranca plan de seguridad “Escudo” en Guanajuato, en Proceso, 15 de abril, disponible en: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2014/4/15/incompleto-costoso-arranca-plan-de-seguridad-escudo-en-guanajuato-131482.html
[2] Viceversa (2018), 28 de octubre, disponible en: http://viceversanoticias.com/2018/10/28/el-misterioso-ariel-zeev-un-hombre-que-ha-ganado-22-mmdp/
[3] Sin Embargo (2020), 10 de febrero, disponible en: https://www.sinembargo.mx/10-02-2020/3727871
[4] Una reflexión más amplia sobre la estructura productiva del estado y hechos de violencia puede encontrarse en el libro Las máscaras de la violencia. Una revisión exploratoria. Particularmente en el capítulo “Desgarre forzado, reestructuración industrial y violencia en Guanajuato (2006-2020)”.
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