Bajo el argumento de que no existen condiciones para el “diálogo”, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, reculó esta misma tarde en su intención de asistir al Senado de la República a defender los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
Tras enviar cartas al coordinador del PRI en la Cámara de Senadores, Manuel Añorve; del PAN, Julen Rementería; y de Morena, Alejandro Rojas, donde aceptaba la invitación a debatir, la funcionaria indicó que no hubo consenso en este último grupo parlamentario, por lo que canceló su visita al recinto legislativo.
“Derivado de las manifestaciones públicas del coordinador parlamentario de Morena, en las que rechaza que haya una invitación formal y expresó que no hay acuerdo de grupo parlamentario en ese sentido, estoy imposibilitada para acudir en presentación del Poder Judicial de la Federación, ante la falta de condiciones para llevar a cabo un diálogo institucional entre Poderes”, indicó Piña en una comunicación destinada a la opinión pública.
En la misiva, aseguró que “lo que está en juego con este proceso legislativo sobre temas patrimoniales del Poder Judicial Federal y con la discusión del proyecto de su presupuesto, es ni más ni menos, la División de Poderes, la salvaguarda del orden constitucional, así como el ejercicio y protección de los derechos humanos de todas las personas”.
La cancelación de su asistencia al Senado se da horas después de que este mismo 23 de octubre se manifestó en defensa de los fideicomisos, al inicio de la sesión del Pleno de la SCJN. Ante sus pares y dirigiéndose a la opinión pública, la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal dijo que sí aceptaría asistir al Senado.
No obstante, había advertido que sólo lo haría si se cumplían las condiciones necesarias: que el diálogo sea “verdaderamente institucional, en respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal, [y] en términos de un marco legal aplicable”.
Indicó que en caso de ser así, además de aceptar ella misma la invitación, la haría extensiva a las ministras y ministros, consejeras y consejeros de la Judicatura, y a las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Piña Hernández aseguró que la extinción de los fideicomisos del PJF es un tema de interés público, y no sólo de interés para el Poder Judicial. Sin embargo, no se refirió a la propuesta de que los más de 14 mil millones de pesos que se resguardan en esos fondos sean destinados a las becas de los estudiantes pobres de educación básica.
Lo que sí dijo es que en días pasados, la Presidencia de la Corte presentó un oficio a la Cámara de Diputados en el que solicitó oficialmente se le concediera un espacio institucional de “diálogo especializado” sobre lo que calificó como el “verdadero impacto” para el Poder Judicial Federal de la extinción de 13 de 14 fideicomisos. Y reconoció que, “conforme a sus atribuciones, el Poder Legislativo debate lo relativo a la asignación presupuestal solicitada por el Poder Judicial Federal, así como una iniciativa que propone eliminar los fidecomisos de este Poder”.
La ministra presidenta de la Corte inició su diatriba reconociendo a quienes “de manera libre, respetuosa y pacífica se manifestaron ayer en toda la República” a favor de los fideicomisos del PJF. Y aunque afirmó que “los juzgadores somos los guardianes de la Constitución, debemos tener presente que, si bien nuestro primer compromiso es, y debe serlo siempre, con lo que dispone nuestra ley fundamental, no podemos ser ajenos a la voz de la gente, no podemos ser indiferentes al clamor social”, nada dijo de las becas para niñas y niños pobres.
No obstante, la presidenta de la Corte reiteró que los jueces, magistrados y ministros no pueden ser insensibles a las necesidades de quienes están mayor vulnerabilidad. “Nuestro deber –como siempre lo he sostenido– también es ser empáticos, eficaces, eficientes, y actuar, con todas las herramientas que nos da el ordenamiento jurídico vigente, para garantizar el derecho humano de acceso a una justicia pronta, completa, gratuita e imparcial”.
Ante sus pares de la Corte, aseguró que este día también se dirigía “a la sociedad, con humildad y responsabilidad, consciente de que no podemos fallarle a las personas que acuden a juzgados y tribunales para que sus asuntos, en los que frecuentemente están en juego su familia, su patrimonio, su seguridad e incluso su vida, sean resueltos en tiempo y forma, sin demora. La impartición de justicia no puede retrasarse indefinidamente, no puede detenerse en su totalidad”, en referencia al paro de labores que sostienen los trabajadores del PJF.
Incluso, llamó a la unidad del Poder Judicial, “porque lo que está en juego son, ni más ni menos, los derechos de todas las personas. Debemos trabajar juntos, en equipo, como siempre lo hemos hecho, todos los integrantes del Poder Judicial Federal al que orgullosamente pertenecemos para seguir siendo los máximos defensores del orden constitucional. Sabemos que la gente es la principal beneficiaria de nuestro trabajo. He ahí el fundamento de nuestra vocación”.
A la fecha, el Poder Judicial de la Federación cuenta 14 fideicomisos, con un saldo conjunto de 21 mil 538.7 millones de pesos, al 30 de junio pasado. De éstos, seis son de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (con un monto total de 6 mil 241.9 millones de pesos); seis, del Consejo de la Judicatura Federal (por un total de 15 mil 280.9 millones de pesos); y dos, del Tribunal Electoral (por 15.9 millones de pesos).
Fideicomisos de la SCJN
Fideicomisos del CJF
Fideicomisos del TEPJF
