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Durante una sesión privada, y por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el millonario haber de retiro –pensiones vitalicias– de las ocho ministras y ministros del bloque conservador que encabeza Norma Piña, y que declinaron a participar en la elección judicial de 2025.
Al respecto, la ministra Batres Guadarrama criticó que las pensiones vitalicias se integrarán con nueve conceptos: sueldo base, aguinaldo, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, pago por riesgo, prima vacacional, tres servidores públicos encomendados a cada ministro en retiro, reembolso por compra de medicamentos y opción de compra de los vehículos que tenían asignados.
Agregó que estos suman al mes “389 mil 266 pesos, cantidad muy superior a la pensión de cualquier persona servidora pública que se haya jubilado conforme a la ley del ISSSTE”.
La ministra Batres también criticó que esas ocho pensiones vitalicias “se suman a los 23 [ministros] que cobran actualmente haber de retiro, además de 23 familiares de ministros y ministras fallecidos. Los 58 haberes de retiro estarán sumando 129 millones 521 mil 752 pesos al año”, extraídos del erario nacional.
A través de una publicación en la red social X, la juzgadora criticó que el cálculo se haya realizado con base en el sueldo de 2024, mismo que, acusó “supera el de la persona titular del Poder Ejecutivo”, así como también lo hace el autorizado para 2025.
Además, la experta en derecho Lenia Batres recordó que estos pagos “exagerados […] contravienen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, ello porque “el artículo 127, fracción II, de la Constitución, en vigor desde el 1o. de enero de 2010, señala que el límite de la remuneración de las personas servidoras públicas es el correspondiente a la persona titular de la Presidencia de la República”.
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