México necesita políticas públicas para los migrantes retornados al país

En México “urge” crear una política integral en materia de migración de retorno, ya que a la fecha no existe ley o reglamento para atender esta problemática, aseguraron en un informe El Colegio de la Frontera Norte y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Y es que desde hace 4 años, 50 mil migrantes regresan al país cada año por decisión propia o por deportación. Es por ello que el informe Políticas multinivel para el retorno y la (re)inserción de migrantes mexicanos y sus familias propone un modelo de política pública que atienda de manera cabal el retorno y permita la distribución de facultades y obligaciones a los tres niveles de gobierno.

El documento menciona la necesidad de ampliar la definición para la población migrante retornada, ya que sólo considera a quienes fueron regresados por autoridades extranjeras y no a aquellos que regresan por sus propios medios, “sin necesariamente tener la constancia de repatriación expedida por el Instituto Nacional de Migración”.

Además, apunta que es preciso diferenciar entre los grupos que son considerados migrantes de retorno. Esta diferenciación tendría que hacerse a partir del tiempo que residieron en el exterior con el fin de permitir la puesta en marcha de estrategias específicas para atender las necesidades particulares de cada grupo y garantizar el acceso a derechos durante el proceso de reinserción e integración social en México. Asimismo el Estado “es quien debe crear fondos específicos para el apoyo al regreso, inserción y reintegración social de los migrantes”.

En cuanto a la operatividad, es “crucial” definir un órgano articulador de las medidas para la atención de quienes regresan al país para garantizar darle seguimiento al caso de retorno voluntario o forzado.

Para la CNDH y El Colegio, quien tendría que hacerse cargo de coordinar las acciones “a favor de los retornados” es la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la cual tendría que derivarse una Dirección de Atención a Migrantes.

Tal normativa podría ser una política nacional útil para la atención no sólo a mexicanos sino a migrantes y solicitantes de asilo o refugio que, en su andar hacia Estados Unidos, “cambiaron de rumbo en México”, señala la propuesta.

Jordana González