La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no tiene plazos definidos para cerrar casos en que observa perjuicio al erario, lo cual se traslada en un problema para la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ya que, aun cuando se acreditan los reportes, no se emiten dictámenes ni se avisa si está bien o mal. “Hay cosas que ni están bien ni están mal, y no nos avisan, y llevan ahí siete, 10 años”, señaló la titular de la dependencia anticorrupción, Raquel Buenrostro Sánchez.

“Ahí hay un pequeño vacío, digamos, o un hueco en muchos temas […]. entonces yo creo que hay que modificar algunos procedimientos también para marcar tiempos de resolución a las autoridades”, continuó la funcionaria federal, durante su participación en la conferencia presidencial. “Hay que modificar la Ley de Fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación para marcarle tiempos”, remarcó.

El personal de la Secretaría Anticorrupción ha trabajado con la ASF, dijo, “para que todo eso que esté pendiente irlo cerrando; porque no puede estar permanentemente abierto por años y, además, sin decirnos si lo que nosotros estamos entregando está bien o está mal, porque tampoco sabemos si lo estamos haciendo bien o mal”.

Asimismo, la maestra Buenrostro mencionó que también se necesita modificar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, “porque hay delitos que son graves y lo que más se llega es a una inhabilitación, por ejemplo, de un año”. Y ejemplificó con un caso de contrabando de combustible: se documentó la participación de un funcionario en el huachicol fiscal, pero “lo más que se va a alcanzar es un año, por el tipo de delito y por cómo está la ley”.

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