La línea de investigación que abrió la Fiscalía General de la República por el presunto soborno de 25 millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto, por parte de empresas israelíes que comercializan Pegasus y otras tecnologías invasivas de las comunicaciones, también alcanza a su antecesor Felipe Calderón: en 2009, durante su gobierno, se adquirió por primera el malware para espionaje masivo. Fuentes consultadas por Contralínea confirman que la indagatoria se ha extendido a exfuncionarios de alto nivel de ambos sexenios, incluidos los expresidentes. Los datos indican que, en el caso de Peña Nieto, el daño al erario ascendería a 1 mil 970 millones de pesos, sumados a otros 61 millones de dólares, por contrataciones a favor de NSO Group y empresas relacionadas

El caso del espionaje masivo de carácter político hecho a través del malware israelí Pegasus ha alcanzado a dos expresidentes de México: el priísta Enrique Peña Nieto y el panista Felipe Calderón Hinojosa. Ambos figuran por primera vez como probables responsables de actos de corrupción, relacionados con la adquisición y operación de dicha tecnología, que se empleó para vulnerar indebidamente las comunicaciones de opositores de izquierda –entre los que destaca el expresidente Andrés Manuel López Obrador–, luchadores sociales, activistas y periodistas.

Fuentes consultadas por Contralínea revelan que, además de indagar el presunto soborno a Peña Nieto por 25 millones de dólares –que el político priísta salió a negar prácticamente de inmediato–, la línea de investigación que se abrió en la Fiscalía General de la República revisa toda la actividad de las empresas que comercializaron Pegasus en México desde 2009, año en el que se adquirió por primera vez, por parte del gobierno de Calderón. Las fuentes confirman que la indagatoria se ha extendido a exfuncionarios de alto nivel de ambos sexenios, incluidos los dos expresidentes.

Entre los exfuncionarios de alto nivel que son sujetos a revisión por el caso Pegasus están: Tomás Zerón de Lucio –exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y prófugo de la justicia en Israel por el caso Ayotzinapa–; el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam –actualmente en prisión domiciliaria por el caso Ayotzinapa–; el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes; su primo Alfredo Castillo Cervantes, excomisionado en Michoacán y exdirector de la Comisión Nacional del Deporte; el exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera y del ya extinto Cisen, Alberto Bazbaz; Walter Meade, primo del excandidato presidencial priísta José Antonio Meade y proveedor de armamento y equipo a las Fuerzas Armadas; y los extitulares de la PGR, Alberto Elías Beltrán y Raúl Cervantes.

En el caso de Enrique Peña Nieto, las investigaciones han avanzado más, pues su círculo cercano es parte de la averiguación previa desde 2019, año en el que se destapó la venta ilegal del malware de forma indiscriminada a particulares por parte de NSO Group. Esa investigación comenzó luego de que se descubrió un centro clandestino de espionaje ubicado en el piso 35 de la Torre Impulso, en avenida Santa Fe número 443, en la Ciudad de México, supuestamente propiedad de los empresarios Álvarez Puga. En ese lugar se aseguraron centenas de grabaciones de conversaciones privadas de varios funcionarios del gobierno federal de ese momento, incluidas comunicaciones del expresidente López Obrador.

La indagatoria incluye información que en su momento aportó el propio gobierno de López Obrador –a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Consejería Jurídica de la Presidencia–, en la que se documenta un presunto daño al erario federal por 1 mil 970 millones de pesos, sumados a otros 61 millones de dólares, por 31 contrataciones a favor de NSO Group y empresas relacionadas.

De acuerdo con esos datos, el presunto quebranto ocurrió en diferentes instancias del gobierno que participaron en las compras de las licencias de Pegasus: Policía Federal y Gobernación, por 464 millones 500 mil pesos, y  17 millones 208 mil 328.64 dólares; Protección Federal, por 79 millones 995 mil 35 pesos; Prevención y Reinserción Social, por 1 mil 11 millones 144 mil 932 pesos, y 44 millones 185 mil 124 dólares; y el extinto Cisen, por 414 millones 424 mil pesos.

Los contratos involucran a las empresas NSO Group, Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale, SA de CV; KBH Aviation, SA; Proyecto Semilla, S.A. de C.V; Artículos Textiles, Equipo y Accesorios MV, SA de CV; Comercializadora Antsua, SA de CV; BSD Security Systems, SA de CV; BSD London Hightech and Project Management LP; y Security Tracking Devices, SA de CV.

La investigación de la FGR cuenta con notas de prueba que señalan que la empresa israelí NSO Group –experta en espionaje masivo– vendía ilegalmente en México el sistema Pegasus mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas.

Con esto, se confirma que el software espía, considerado uno de los más potentes en el mundo para atacar incluso sistemas encriptados, estaría en manos privadas –de empresarios, políticos, supuestas organizaciones de la sociedad civil, abogados y hasta el crimen organizado–, tal como lo denunciaron en 2019 la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, tras descubrir el centro clandestino de espionaje en Santa Fe.

Una de las dos carpetas de investigación abiertas por el mal uso del software Pegasus es “un procedimiento por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos, en la cual el 26 de agosto de 2021, esta Fiscalía ejerció acción penal a través de la obtención de una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos ‘N’ [Juan Carlos García Rivera, empleado de Proyectos y Diseños VME, SA de CV, empresa representante en México de NSO Group, desarrolladora de Pegasus], por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones; todo ello como coautor material de dicho hecho delictivo”.

Según la Fiscalía, “en este caso se solicitó aplicación de la agravante prevista en artículo 51 del Código Penal Federal, que establece que la pena se incrementará cuando el delito se comete en contra de la libertad de expresión. El 1 de noviembre de 2021, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos ‘N’ y fue puesto a disposición de la autoridad judicial”.

El 6 de noviembre de 2021, “el juez de control determinó vincular a proceso al imputado, así como también la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por existir riesgo de fuga y posibilidad de intervención en el desarrollo de las investigaciones. En este caso se han presentado ante la autoridad judicial, las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema ‘Pegasus’ mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas”.

La responsabilidad de Calderón

La investigación también abarca las primeras adquisiciones del malware, hechas en el sexenio calderonista. En agosto de 2021, el diario Daily Beast reveló un correo electrónico presentado como evidencia en un juicio en Israel, en el que queda al descubierto que la trasnacional NSO Group en asociación con la empresa Security Tracking Devices realizaron una demostración, en mayo de 2011, de las capacidades del sistema de espionaje masivo Pegasus al entonces presidente Felipe Calderón y al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.

Como se recordará, Contralínea reveló que fue en el cierre del sexenio calderonista cuando se adquirió el software espía: entre 2010 y 2012, la Defensa suscribió ocho contratos con Security Tracking Devices para modernizar el Sistema de Inteligencia y el Centro de Comando y Control, por un monto superior a 5.6 mil millones de pesos de la época, equivalentes a 8 mil millones de pesos actuales.

Dentro de estos contratos adquirió el sistema Pegasus. La operación se dio a través de José Susumo Azano Matsura, pues su empresa fungió como intermediaria de NSO ante el gobierno mexicano. Estos datos ya se integran a la nueva línea de investigación que sigue la FGR, y que podría alcanzar a dos expresidentes de la República cuyos gobiernos hicieron del espionaje político una práctica masiva y común, a pesar de violar la Constitución y los derechos humanos.

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