INE y FISEL deben frenar campaña de sabotaje a la elección judicial: senador Morales

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Luego de que personajes de la oposición mexicana, incluidos políticos e “intelectuales orgánicos”, llamaran en días anteriores a no acudir a la votación para elegir a integrantes del Poder Judicial, el INE y FISEL deben condenar y sancionar esa campaña de sabotaje, exigió Antonio Morales Toledo.

El senador por Morena especificó que el Instituto Nacional Electoral debe frenar la campaña en medios de comunicación y redes sociales, y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales –de la Fiscalía General de la República– debe investigar y sancionar “a los responsables intelectuales y materiales de esta operación, que atenta directamente contra la democracia en México”.

Quienes participan y promueven esta campaña “representan el conservadurismo más radical; […] hoy, en un acto de autoritarismo, intentan sabotear la democracia”, acusó el legislador.

El pasado fin de semana, la campaña contra la elección judicial, a realizarse el 1 de junio, se intensificó a través de imágenes compartidas incluso por personajes de programas de televisión, políticos, empresarios o exconsejeros del entonces IFE.

La consejera Guadalupe Taddei, presidenta del Consejo General del INE, resaltó: “es muy lamentable que quienes […] en su calidad de exconsejeros opinen sobre lo que está sucediendo en este proceso que, además, jamás les tocó realizar”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó a la oposición: “llaman a no votar y creen que su campaña, la de no votar, va a tener impulso o asidero en el pueblo. No, la gente va a ir a votar libremente y nos corresponde a todos los ciudadanos ejercer nuestro derecho ese día”.

Las sanciones por estos delitos pueden ir hasta los casi 28 mil pesos y de seis a tres años de prisión, recordó el senador Antonio Morales. Ello, dijo, con base en la Ley General de Delitos Electorales, “que en su capítulo I y II del título segundo define las sanciones para quien promueva la abstención, ya sean ciudadanos, personas servidoras públicas o líderes de partido, para quienes aumenta la pena a seis años de cárcel y más de 55 mil pesos de multa”.

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