
FOTO: CUARTOSCURO
Con la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización, el gobierno federal busca reducir los trámites a nivel nacional, con el propósito de agilizar el proceso y prevenir la corrupción. Por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó esta iniciativa, la cual será enviada al Congreso de la Unión.
“El objetivo es que disminuyan los trámites; y al disminuir los trámites, también se elimina cualquier posibilidad de corrupción entre una ventanilla y la persona. […] Y es una ley nacional porque incluye a la federación, estados y municipios. Entonces, si una persona va a sacar su acta de nacimiento, se simplifica todo para que pueda tener su acta de nacimiento muy rápido”, indicó.
De igual manera, la primera mandataria explicó que la ley contempla la creación de una base de datos para que los procesos de atención en los tres niveles de gobierno sean más rápidos.
También, la propuesta anunciada por el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, prevé reformar los artículos 25 y 73 constitucionales, con el fin de facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley nacional para que, posteriormente, se expida la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización.
Entre los beneficios, se encuentran la reducción de espacios para la corrupción; eliminación de la discrecionalidad; homologación de trámites; requisitos y tiempos de resolución; así como la disminución de la carga regulatoria en los tres órdenes de gobierno. Además, la iniciativa busca fortalecer la certeza jurídica, facilitar el acceso a derechos y acelerar la actividad económica para generar prosperidad compartida.
“¿Cuáles son los cuatro objetivos centrales de la ley? Uno, homologar trámites, requisitos y el tiempo de solución en los procesos de atención en los tres niveles de gobierno, de manera que, digamos, el mismo trámite ocurra con las mismas características en todos los lugares. Segundo, eliminar trabas para las personas y empresas. […] Tres, como lo establece el T-mec, mantener una buena práctica regulatoria. Es decir, toda la nueva regulación, todos los nuevos trámites que nazcan, que nazcan ligeros y adecuados a este programa. […] Y facilitar que las personas accedan a lo que tienen derecho, que es una parte muy importante. La realización de trámites está vinculada al ejercicio de derechos por parte de todas las personas”, puntualizó Peña Merino.
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