En México, 21 defensores ambientales fueron asesinados en 2018

En 2018 hubo al menos 49 agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos ambientales; de éstos, 21 fueron asesinatos. De acuerdo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), estas cifras no dejan de ser sólo una “muestra ejemplificativa” ya que estos actos violentos no siempre se denuncian.

“En México, denunciar públicamente una agresión puede aumentar el riesgo de padecer nuevas agresiones, puesto que las denuncias no prosperan y las agresiones se quedan en la impunidad”, detalla el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.

Puebla es la entidad federativa en la que se han registrado más ataques: ocho. De acuerdo con la investigación realizada por el Cemda, ese estado vive desde hace varios años violencia generalizada y un aumento de la presencia del crimen organizado, “además, se han visibilizado diversos conflictos socioambientales por la implementación de megaproyectos en la región”.

En Oaxaca y Chihuahua se contaron seis agresiones, le siguen Guerrero y el Estado de México con cuatro. Los otros 12 estados con ataques contabilizados son Jalisco (3), Baja California (3), Zacatecas (2), Yucatán (2), San Luis Potosí (2), Nayarit (2), Michoacán (2), Veracruz (1), Guanajuato (1), Durango (1), Ciudad de México (1) y Chiapas (1).

Los defensores más vulnerables

El 70 por ciento de los ataques se dio en contextos de disputa por la tierra y el territorio. Además, de acuerdo al tipo de recursos naturales afectados, otras de las agresiones más comunes son contra personas que defienden el agua, el bosque y la fauna.

 Por el tipo de proyecto, nueve se registraron por la construcción de infraestructura (tres de los cuales tienen que ver con un aeropuerto), ocho por despojo de tierra, ocho por hidroeléctricas y seis por mineras. Los demás están relacionados con obras de energía renovable, presas, tala y pesca ilegal, proyectos turísticos o siembra de transgénicos.

Las agresiones son en su mayoría contra personas individuales, 89 por ciento. Además 8 por ciento fueron contra una comunidad y el 3 por ciento contra organizaciones civiles.

La investigación del Cemda –realizada principalmente a partir de un monitoreo de 200 medios aproximadamente– señala dificultades para distinguir entre hombres o mujeres dado que las notas de prensa registradas no siempre realizan la especificación. De las 118 personas agredidas, en 82 casos se identificó el sexo: 64 hombres y 18 mujeres.

“En muchas ocasiones, el ataque contra mujeres defensoras del medio ambiente no es visibilizado, por lo que si ella sufre algún tipo de agresión, ésta no se relaciona con su labor como defensora sino que se vincula, ya sea con su vida privada o bien, con la situación de violencia generalizada que sufren las mujeres”, señala.

Criminalización como estrategia

El informe hace hincapié en la criminalización como una de las estrategias más efectivas para debilitar las manifestaciones en favor del medio ambiente. Este proceso busca dar un tratamiento ilegítimo a la defensa de los derechos.

De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos consiste en la manipulación del poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia por parte de actores estatales y no estatales. La criminalización consta de dos momentos principales: la primera es la creación de normas para impedir la defensa de los derechos y la segunda es cuando se hace efectiva la sanción por parte de jueces o policías.

El Cemda señala que como efecto de estas acciones se generan efectos psicológicos de miedo, angustia, ansiedad y culpa tanto de manera individual como de manera colectiva. La criminalización “se enfoca de manera selectiva hacia las personas más activas y visibles de los movimientos sociales”, detalla.

Frente a esta situación,  las autoridades “no sólo siguen sin tomar medidas contundentes para resolver esta problemática, sino que nuevamente se convierten en uno de los primeros presuntos perpetradores de estos ataques, pues el 36 por ciento de los ataques fueron presuntamente cometidos por el Estado”, concluye el informe.

Marcial Yangali