En el caso de la presa María Isabel San Agustín –originaria de Hidalgo, detenida en Milpa Alta y sentenciada a 65 años de prisión por el delito de secuestro– existe un “problema burocrático absurdo” que retrasa la impartición de justicia, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

En este caso, la Secretaría de Gobernación pidió la reposición del proceso para aplicar el Protocolo de Estambul, explicó el subsecretario en la conferencia presidencial. Agregó que a pesar de que la tortura fue acreditada, “la perito que desarrolló el Protocolo de Estambul no se ha presentado ante la autoridad para ratificar los resultados del mismo”.

“Hay mucha ineficiencia en lo que es la impartición de justicia. No solamente burocracia en la dilación de las resoluciones, muchos intereses cruzados, sino que no se apega la autoridad a los propios protocolos que la ley establece para acreditar delitos como la tortura. Y peor aún, en los caso en que se acredita, en ningún caso se castiga a los responsables”, afirmó Alejandro Encinas.

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