América Latina es una de las regiones más peligrosas para la defensa de los derechos humanos, indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Agregó que, particularmente, durante el primer cuatrimestre de 2022, en México la elevada violencia derivó en casos de asesinatos, criminalización y hostigamiento.
De acuerdo con la CIDH, tan sólo de enero a abril de 2022 se documentaron tres asesinatos de defensores en el país: Luis Ortiz Donato –líder del Consejo Ciudadano de Marquelia en Guerrero–, Néstor Iván Merino Flores –líder de la Asamblea de Pueblos Indígenas de Oaxaca (API)– y el activista defensor del bosque José Trinidad Baldenegro, en Chihuahua. Al día de hoy, “el Estado mexicano no ha podido comprobar si los asesinatos están directamente ligados a la labor de las víctimas”, señaló.
En ese contexto, María de Luz Estrada Mendoza –coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)–, indicó que de enero de 2019 a mayo de 2022 se registró el asesinato de 22 mujeres defensoras mexicanas asesinadas que continúan en impunidad. “Nunca se acredita si fue por nuestra labor, porque no se investiga”.
Por separado, la CIDH y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) urgieron a las autoridades a adoptar medidas de protección y brindar garantías de seguridad a los defensores. Asimismo instaron al gobierno mexicano a reaccionar debidamente ante las recomendaciones de los organismos internacionales, que alertan y advierten del incremento de la violencia.
“En México no tendría que costar la vida de una persona más para que se atiendan los temas emergentes y se promueva una iniciativa de Ley General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Es importante corregir y enderezar el camino de lo que hasta el momento no ha cumplido la Ley Federal”, indicó Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red TDT.
Por otra parte, la CIDH señaló que la criminalización y condena de personas defensoras promueve un estigma colectivo. “Es desatinado iniciar investigaciones penales sin fundamentos previos, pues estas acciones representan un obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos”.
Te puede interesar: Golpe blando en América Latina
