Exhortan al gobierno de AMLO investigar ataque armado en Chiapas a caravana humanitaria

Luego del ataque armado que sufrió una caravana de ayuda humanitaria el pasado 18 de noviembre en Chiapas –en donde una religiosa fue herida de bala–, defensores de derechos humanos, académicos y organizaciones exhortaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a investigar los hechos, así como “a solucionar y poner fin al desplazamiento [forzoso] y ataques que sufren desde hace tiempo los indígenas chiapanecos”.

En una misiva, indicaron que los integrantes de pueblos originarios “a diario viven sumidos en el terror y la violencia, sobreviviendo de la caridad y en condiciones infrahumanas tras haber sido despojados de sus bienes por un conflicto de tierras entre los municipios de Chenalhó y Aldama”.

Consideraron que tanto en el conflicto como en el ataque armado, “una vez más, se hace latente el estado de impunidad, indolencia y complicidad que persiste en el país y que lleva años afectando a los más vulnerables: los indígenas mexicanos”.

Además, constataron que la situación se agravó hasta el punto que el 18 de noviembre, una caravana con ayuda humanitaria de Cáritas San Cristóbal de las Casas y del Fideicomiso (privado) para la Salud de los Niños Indígenas de México “fue atacada con ráfagas de balas de alto calibre a larga distancia. En la ofensiva fue herida una misionera religiosa, perteneciente a la Diócesis de San Cristóbal, quien los acompañaba. Aún después de estos lamentables hechos, los ataques han continuado y se multiplican a diario con indignante impunidad”.

Para los demandantes, la inacción de los gobiernos estatal y federal se traduce en impunidad y aliento a seguir cometiendo acciones criminales. “Constatamos que la impunidad fortalece la corrupción de autoridades. Es de voz pública las acusaciones de las implicaciones de altas autoridades estatales con el tráfico de vehículos robados, el llamado huachicol, la trata de personas y otros crímenes que se cometen en la región. Hasta ahora todo indica que hay intereses ocultos potencialmente criminales detrás de la intención de despojar a estas comunidades de su territorio”.

También señalaron que es muy doloroso que en México se embosque la ayuda humanitaria enviada a pobladores en situación de emergencia alimentaria y crisis humanitaria.

Por ello consideraron imprescindible recuperar el estado de derecho en la región, aplicar la ley y hacer justicia a la población –lo que significa el retorno de todos los desplazados, la recuperación de su capacidad de sostenibilidad económica, alimentaria y de vida digna; la atención integral federal a los afectados por este conflicto, en apego a los protocolos nacionales e internacionales.

Asimismo, “el cese de las agresiones; la detención de las bandas armadas criminales y de quienes las patrocinan por intereses económicos y políticos; la persecución de ilícitos y la revisión de todos los casos de personas detenidas injustamente”.

Y recordaron que al ser signatario de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, México debe tener como prioridad las necesidades de los pueblos originarios.

También exigieron que se respete la ayuda humanitaria de las organizaciones de la sociedad en favor de las comunidades, el libre tránsito y la integridad de todos los habitantes de dichos municipios.

Respecto del desplazamiento forzoso, el 26 de octubre habían enviado una comunicación no pública al gobierno federal, en la que advertían que  “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

También urgían a dar cumplimiento a esta obligación, ante las omisiones a los constantes llamamientos para que cesen las agresiones armadas en contra de las comunidades de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán. También alertaron que los diálogos y convenios celebrados hasta ahora no han dado resultados.