Sin diálogo ni debate real, el 12 de diciembre pasado, los diputados aprobaron con 353 votos a favor y 134 en contra la iniciativa de reforma energética previamente avalada por el Senado.
Algunas escaramuzas protagonizaron legisladores de “izquierda”, en una protesta tardía y previsible. Afuera, cientos de policías contenían las protestas pacíficas, descoordinadas.
Nada detuvo el negocio que beneficiará a las trasnacionales: los diputados federales consumaron la privatización de los recursos energéticos de la nación, incluidos los hidrocarburos.
En las siguientes 72 horas, los congresos de Chiapas, Querétaro, Veracruz, Estado de México, Durango, Hidalgo, Baja California Sur, Jalisco, Sonora, Campeche, Quintana Roo, Nayarit, Coahuila, Yucatán, Puebla y Tamaulipas aprobaron las modificaciones constitucionales contempladas por la reforma energética. Con ello, la nación perdió el control sobre sus recursos energéticos.
La traición a la patria, como la consideran los críticos a la reforma, sucedió 75 años después de que el gobierno revolucionario de Lázaro Cárdenas del Río recuperara de las trasnacionales los recursos petroleros de los mexicanos. Hoy, la clase gobernante les regresa a esos mismos industriales la explotación de la principal fuente de recursos económicos del país.
La “modernización”, como le llaman sus autores, vuelve a México al anquilosado porfirismo que los neoliberales ven como ejemplo de gobierno.
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