A partir de ahora, protestar en España puede salir muy caro. En algunos supuestos, más caro que robar un coche, que doblar el límite de velocidad permitida en carretera o que agredir de forma leve a una persona. El gobierno español prepara una ley de seguridad ciudadana que contempla multas de entre 1 mil euros por insultar o fotografiar policías, hasta 30 mil euros por perturbar la seguridad en actos públicos, deportivos, religiosos y culturales, o manifestarse en infraestructuras estratégicas, como aeropuertos o centrales eléctricas. Esta nueva ley ha despertado un fuerte rechazo entre partidos políticos y organizaciones sociales que consideran un intento de silenciar el descontento y de cercenar el libre derecho a la protesta contra un gobierno que ha aprobado numerosos recortes en el gasto social, pero también en derechos fundamentales relativos al acceso a la sanidad, a la educación o a la vivienda.