El caso del multihomicidio de la colonia Narvarte no ha sido resuelto pese a que ayer se cumplió 1 año del suceso en el que fueron asesinadas cinco personas, entre ellos el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera. La Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) se pronunció a favor de la resolución del caso y exigió a las autoridades justicia pronta y expedita.

El 23 de julio en San Juan Chamula hubo decenas de muertos que no fueron documentados por los medios, declara el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Acusa de racistas a los periodistas que soslayaron los otros muertos. El subcomandante insurgente Moisés suscribe el comunicado.

De la mixteca oaxaqueña, compuesta por los municipios de Huajuapan, Santiago Juxtlahuaca y Tlaxiaco, llegaron las víctimas de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, a evidenciar las heridas provocadas por policías federales, estatales y municipales: balas, enfermedad, orfandad, negligencia.

Los homicidios en el país registraron un aumento de 16 por ciento con respecto del año pasado y se mantienen en ascenso: de éstos, más de la mitad –56 por ciento– fueron ejecuciones a manos del crimen organizado. En el mismo periodo, las ejecuciones del narcotráfico también registraron un aumento de 33 por ciento, así lo reveló la organización Semáforo Delictivo.

El miércoles 20 de julio fue asesinado el periodista Pedro Tamayo Rosas en Veracruz. De acuerdo con la Casa de los Derechos de Periodistas, AC, en enero de este año, el comunicador había huido de Tierra Blanca, Veracruz –su lugar de residencia–, por las amenazas que le habíahecho un grupo delictivo y policías estatales respecto a sus publicaciones en las que cuestionaba al fiscal general del Estado, Luis A Bravo Contreras, y al gobernador Javier Duarte.

Tras la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 –la cual establece, entre otras cosas, que una de las finalidades de la educación que imparta el Estado es la enseñanza de los derechos humanos–, no se han incorporado las modificaciones a los planes de estudio en las universidades públicas y privadas del país, según un estudio realizado por el Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos (Culturadh).