Ante el aumento en los casos de extorsión, el coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que su bancada impulsará como prioridad, en el próximo periodo de sesiones, una reforma al artículo 73 constitucional, fracción XXI, para facultar al Congreso de la Unión a legislar en la materia y fortalecer el combate a este delito.

De acuerdo con el legislador, la iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, busca facultar al Congreso para expedir una Ley General en materia de prevención, sanción y persecución del delito de extorsión y garantizar la atención a las víctimas. La propuesta contempla la coordinación y concurrencia entre la Federación, los estados y los municipios, o en su caso, las alcaldías de la Ciudad de México, además de las reformas necesarias hacia la legislación penal.

La iniciativa menciona que se busca armonizar el marco normativo; fortalecer la respuesta institucional; optimizar el uso de recursos; y asegurar el acceso igualitario a la justicia. Asimismo, advierte que un enfoque integral y coordinado es clave para atender este delito, ya que evitará soluciones aisladas que perpetúan la desigualdad y la impunidad.

Con ello, subraya que permitirá cumplir los compromisos internacionales asumidos por México, pues la ausencia de un marco homogéneo ha sido señalado en reiteradas ocasiones por organismos internacionales que urgen reforzar la legislación y la coordinación para garantizar los estándares internacionales.

“El impacto de la extorsión es profundo y pluriofensivo. No sólo afecta el patrimonio de las personas, al obligarlas a pagar sumas de dinero bajo amenaza, sino que también genera una presión psicológica constante en las víctimas, quienes viven con miedo… Es un fenómeno delictivo que ha evolucionado hasta convertirse en un mecanismo de control territorial por parte de grupos criminales, que imponen cuotas ilegales y está entre los delitos de mayor incidencia, junto al fraude y al robo o asalto en la vía pública o transporte público”, señala el documento.

El texto precisa que, a pesar de que el delito de extorsión está tipificado en el Código Penal Federal y en la mayoría de los códigos penales estatales, aún tiene un impacto negativo en la percepción de seguridad. Además, advierte que este delito, junto con el de robo y asalto de mercancías, insumos o bienes, afecta directamente a 1 millón 300 mil pequeñas y medianas empresas, lo que representa el 27.2 por ciento de las unidades económicas.

Por ello, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) consideró esencial establecer las bases constitucionales para que el Poder Legislativo cuente con un marco normativo que permita expedir una ley general con enfoque integral. Ello, con el objetivo de involucrar a los tres niveles de gobierno y garantizar la concurrencia de facultades y atribuciones para una coordinación efectiva en la atención de este delito.

“La necesidad de expedir una ley general en la materia radica, entre otros aspectos, en la disparidad de criterios normativos que actualmente existen entre las entidades federativas y en la falta de una respuesta coordinada a un fenómeno que, por su naturaleza y alcances, requiere de un marco jurídico homogéneo y eficaz”.

Por último, en sus redes sociales, Ricardo Monreal celebró el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la propuesta. “Hace unas semanas presenté una iniciativa de modificación al artículo 73 constitucional, en su fracción XXI, para poder combatir este flagelo que se ha venido incorporando, lamentablemente en perjuicio de los ciudadanos: la extorsión. Es juntos cómo podemos enfrentar el reto de la delincuencia organizada. Bien por la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene muy clara la meta de recuperar nuestra paz y nuestra tranquilidad”.

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