El Grupo Salinas –propiedad de Ricardo Salinas Pliego– debe 74 mil millones de pesos de impuestos, informó esta mañana la procuradora fiscal federal, Grisel Galeano. Agregó que el conglomerado –que integra empresas como Elektra y Tv Azteca– mantiene un total de 32 litigios en el Poder Judicial de la Federación, desde hace 16 años.

Acerca de los juicios, detalló que se encuentran en diferentes instancias: tres de ellos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por 26 mil millones de pesos; cinco más, en Tribunales Colegiados de Circuito, por 20 mil millones de pesos; y 11, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por 8 mil millones de pesos. En otras instancias relacionadas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), otros 13 recursos por 20 mil millones de pesos.

Al participar en la conferencia presidencial, Grisel Galeano reveló que los impuestos acumulados debieron pagarse desde 2009. En aquel año gobernaba Felipe Calderón, y el SAT lo presidía el hoy ministro de la Corte Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Desde aquel entonces, el Grupo Salinas ha interpuesto 22 recursos para evitar cumplir con su obligación fiscal, por lo que desde hace 16 años se presenta un incumplimiento, aseguró la procuradora fiscal.

Asimismo, explicó: “lo que debió de haber pagado en 2010 se ha retrasado por 14 años utilizando 10 juicios e instancias diversas. Y en 2013, de igual forma, 11 años de retraso con 29 juicios y diversos recursos. Ha ido aumentando la fuerza de litigio y la fuerza del uso en exceso de las instancias con que cuentan”.

El primero de los juicios se generó en 2008, y un año después, en 2009, debió haberse saldado el adeudo fiscal. Incluso “el SAT inicia la revisión para verificar todo lo que declaró y lo que debió de haber pagado esté correcto en el 2013. En el 2016 –porque son auditorías muy complejas, es un grupo empresarial grande y complejo–, termina esta auditoría y el SAT determina que sí hay una omisión de impuestos”, detalló la funcionaria.

Añadió que 2013 a 2016, “este Grupo pudo aportarle al SAT absolutamente todas las pruebas necesarias para comprobar que no había omitido impuestos, que había pagado, que había comprobado o que había hecho todo lo necesario para cumplir con el fisco; no fue así. Y entonces, en 2016, dice el SAT: ‘me debes, revocación y juicio fiscal’. Nos fuimos a otros cuatro años de litigio porque evidentemente son cantidades fuertes y no estaban dispuestos a cumplirlas”.

Posterior a ello, explicó la procuradora fiscal, de 2021 a 2023, tras dos años de juicio, “en la Suprema Corte de Justicia hubo tres solicitudes de ejercicio de facultad de atracción por parte de este Grupo para que los ministros intervinieran y de alguna manera le quitaran los asuntos a los tribunales colegiados para que no pudieran resolver”. Añadió que en este ir y venir, en tres ocasiones los asuntos regresaron a los tribunales colegiados.

De vuelta en los tribunales colegiados, en un año que Galeano calificó como “complicado” –pues a pesar de la existencia de precedentes para que los tribunales pudieran resolver–, “volvieron a negarles el amparo y volvimos a subir a la Suprema Corte en la última, absolutamente última instancia y ahí estamos esperando a que se resuelva este tema, pero en la Corte han interpuesto siete impedimentos y siete recusaciones”.

De las siete recusaciones que son procedentes dentro de este último amparo el grupo empresarial alega “que los ministros tienen intereses personales contra el Grupo y que no son capaces o no serán objetivos para poderles resolver lo que no ha podido ser resuelto a su favor porque no les corresponde”.

Tras 16 años de incumplimiento, señaló la procuradora fiscal, “podemos concluir que el modus operandi de este grupo empresarial ­que debe de pagar impuestos como lo hacemos todos y todas­­­–, es solicitarle a la autoridad que le revise muy bien si es verdad que tiene que pagar o no ciertas cuestiones. De todas maneras, incumple durante ese proceso de revisión, interpone absolutamente todos los recursos judiciales necesarios uno tras otro ante todas las instancias posibles”.

Además, añadió, “en los casos que advierta que un juzgador o juzgadora está por no concederle la razón, aunque haya criterios que lo obliguen a definir el tema en favor del fisco federal, entonces lo recusa o lo declara impedido, alega intereses personales y no obstante, habiendo tenido las sentencias firmes de que los jueces no están recusados, que pueden resolverle los asuntos objetivamente, interponen nuevos juicios, nuevos impedimentos y recursos para retrasar indefinidamente estas resoluciones”.

La titular de la Procuraduría Fiscal federal resaltó que los asuntos que mantiene el Grupo Salinas ante el máximo tribunal del país cuentan con criterio de la propia SCJN, “en los que se justifica plenamente la legalidad del actuar de la autoridad fiscal, de los procedimientos que han seguido. Ya se analizaron con exhaustividad, funcionaron legalmente, el SAT lo hizo bien y la validez de las leyes fiscales aplicadas”.

Por ello, calificó como “penoso” el actuar del Pleno de la Suprema Corte, y criticó  que “hasta allá alcanza esta fuerza corporativa”. Asimismo, destacó que “ellos saben que no tienen la razón y aún así litigan con fervor, hacen uso de la gran capacidad corporativa que tienen porque pues son instancias en demasía y desgraciadamente, sí, tenemos que aceptarlo como vimos el año pasado en la Suprema Corte de Justicia, estos asuntos cuando fueron solicitados que se atrajeran, evidentemente contaron con el apoyo para retardar su resolución”.

Grisel Galeano exhortó a la empresa para que liquide su adeudo, pues representa un daño al erario público en detrimento de las y los mexicanos. A las y los ministros les pidió garantizar la justicia pronta y expedita. “Advertimos que ciertos juzgadores ciertamente han evadido su obligación con la justicia, con su compromiso con México y no han podido resolver estos asuntos, pedimos una justicia pronta, imparcial y expedita e insistimos que tenemos que luchar contra estas prácticas que atentan en contra de la Constitución, de la justicia y del bienestar del pueblo de México”.

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