Una semana después de que la Presidencia de la República enviará la iniciativa para eliminar trámites burocráticos al Congreso de la Unión, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó –con 332 votos a favor y 130 en contra– la Ley para Eliminar Trámites Burocráticos, con la cual la bancada con mayoría legislativa –Morena, PT y PVEM– pretende combatir la corrupción, además de transformar digitalmente la relación entre el Estado y la ciudadanía.

De acuerdo con el dictamen, esta nueva legislación será reglamentaria del artículo 25 constitucional, que obliga a los órdenes de gobierno a implementar políticas públicas de simplificación administrativa y de digitalización de trámites y servicios; sin embargo, durante la discusión, los diputados de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) expresaron su preocupación respecto a un posible control excesivo de datos personales por parte de la Agencia Nacional de Transformación Digital –presidida por José Antonio Peña Merino–, la cual será la encargada de implementar la nueva norma.

Por su parte, el diputado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, defendió la aprobación de la iniciativa. Asimismo, aseguró que la bancada opositora “no leyó el texto completo”, al afirmar que la ley representa múltiples beneficios para el pueblo mexicano.

Además, indicó que, tras un análisis detallado, se realizaron modificaciones sustanciales a los artículos noveno, décimo, vigésimo tercero, trigésimo segundo, cuadragésimo tercero, cuadragésimo séptimo y quincuagésimo del proyecto de decreto, con el fin de fortalecer las garantías legales y operativas de la nueva normativa.

“¿Qué es lo que proponemos? En esencia, preservar el equilibrio de nuestro federalismo, proteger la certeza jurídica de los ciudadanos y garantizar que las atribuciones de la nueva Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización se ejerzan en el marco de la Constitución respetando las competencias de los estados y los municipios. No estamos en contra de las recomendaciones para mejorar trámites, al contrario, la respaldamos. Pero proponemos que las recomendaciones que emita esta autoridad nacional sean obligatorias únicamente para la Administración Pública Federal. Para las entidades federativas y los municipios deben ser orientadoras, no imposiciones de ningún tipo de disfraz”, señaló Monreal.

Mientras que, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Ricardo Mejía Berdeja, fundamentó el dictamen a la iniciativa que expide la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. También, puntualizó que con esta legislación se beneficiará a la población.

“Quita trámites tardados, duplicados e injustificados, quita múltiples ventanillas, que los ciudadanos tuvieran que llevar copia certificada a cualquier gestión. Hoy, con esta ley se establecerá la ‘Llave MX’ como un mecanismo único de autenticación para el acceso a todos los trámites y servicios”.

Igualmente, la diputada por Morena, Graciela Domínguez, mencionó que, durante el periodo neoliberal, la burocracia se convirtió en sinónimo de poder lejano, exclusión, corrupción y, sobre todo, de desigualdad. Además, remarcó que la supuesta modernización del Estado mexicano se enfocó en facilitar trámites exclusivamente para las empresas, tanto nacionales como extranjeras, mediante la creación de unidades de rápida gestión empresarial y la promulgación de leyes de mejora regulatoria, las cuales priorizaron la inversión privada sobre el interés público, lo cual, afirmó, “jamás benefició al pueblo”.

Tras una sesión semipresencial, los legisladores aprobaron la reserva presentada por la diputada Morena Katia Alejandra Castillo Lozano al artículo décimo tercero transitorio, y la reserva de Ricardo Monreal a los artículos 9, 10, 23, 32, 43, 47 y 50 del proyecto de dictamen enviado por la titular del Ejecutivo Federal, el pasado martes 22 de abril.

“El dictamen que discutimos responde a una necesidad urgente: simplificar la relación de las personas con su gobierno, abatir los costos de la tramitología excesiva y, sobre todo, cerrar espacios a la corrupción que durante años alimentaron la desigualdad y la discrecionalidad. No se trata, como algunos sostienen, de una centralización autoritaria. Se trata de construir un nuevo pacto de confianza entre la ciudadanía y el gobierno. […] Es importante subrayar que esta ley respeta plenamente la autonomía de los estados y municipios. […] Tampoco se impone un modelo único ni se vulnera el pacto federal.”, sostuvo Castillo Lozano.

De acuerdo con lo presentado por jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, en la conferencia presidencial del 21 de abril, la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos impulsa una transformación digital profunda en las 32 entidades federativas y en los municipios del país.

Ésta permitirá a la Agencia de Transformación acelerar el proceso de digitalización y brindar acompañamiento a los gobiernos locales con los que ya se tienen convenios, pero ahora de forma más ágil y efectiva gracias al marco legal propuesto.

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