La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Guardia Nacional instrumentar medidas cautelares y acciones necesarias, suficientes e idóneas para salvaguardar la vida, seguridad física e integridad personal y emocional de la periodista Susana Mendoza Carreño, así como de sus familiares y colaboradores, aplicando los protocolos que correspondan. La misma petición la extendió al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y a su secretario general de Gobierno, Carlos Gerardo González.
Ello, en respuesta a la queja que recibió por presuntas violaciones a los derechos humanos de la periodista y directora de la Radio Universidad de Guadalajara, luego de ella y la persona que la acompañaba fueron agredidas por sujetos desconocidos con arma blanca, resultando lesionada en cuello y tórax.
Al respecto, la CNDH observó que “la agresión sucedió tras un incidente contra el automóvil en el que se transportaba la comunicadora Mendoza Carreño, después de que acudiera a cubrir un evento periodístico y entrevistara al presidente del ejido Vallarta, en la ciudad de Puerto Vallarta, respecto de la problemática persistente en torno a la construcción supuestamente irregular de un desarrollo inmobiliario en dicha localidad”.
En un comunicado, se indicó además que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDH Jalisco) inició de manera inmediata el expediente de queja respectivo, en el que solicitó al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, a la Fiscalía General de la entidad y al presidente municipal de Puerto Vallarta que instrumentaran medidas cautelares con el objeto de que, en el ámbito de sus competencias, se vele por la vida, seguridad e integridad de la periodista. Además, pidió que se realice una investigación penal por la agresión de la que fue objeto, aplicándose los lineamientos y protocolos en materia de libertad de expresión.
En ese contexto, la CNDH y la CEDH Jalisco llamaron conjuntamente “a las autoridades federales y locales a cumplir con sus deberes constitucionales y convencionales para garantizar que las y los periodistas puedan ejercer plenamente su libertad de expresión y de prensa, contribuyendo así a fortalecer el derecho de las personas a estar informadas, procurándose la democracia y pluralidad en el país”.
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